El último golpe judicial a Alu Ibérica complica las negociaciones de Alcoa San Cibrao
La sentencia de la Audiencia Nacional en relación a la venta de las plantas de A Coruña y Avilés vuelve a poner sobre la mesa el papel que jugará la SEPI en la compraventa de la factoría de A Mariña
Este jueves está prevista una nueva reunión de la mesa de seguimiento del proceso de venta de la factoría de aluminio primario de Alcoa en San Cibrao. Convocada por la compañía, acudirán representantes del comité de empresa, de la Xunta de Galicia y del Gobierno central. Distintas fuentes consultadas por este medio aseguran que no se esperan grandes novedades, precisamente porque, en este momento, sigue existiendo una gran distancia entre la multinacional americana y el Ejecutivo central en cuanto al papel que debe desempeñar la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (la SEPI) en la operación de traspaso. Los de Pittsburgh insisten en que, si bien negociarán con los potenciales interesados, solo venderán al Estado, que posteriormente traspasará el activo al inversor elegido. Sin embargo, en las últimas semanas, el Ministerio de Industria ha insistido en que, con seis pretendientes, “no es necesaria la triangulación ni la intervención del Gobierno”.
Si bien las diferencias entre Ejecutivo y Alcoa con respecto al papel de la SEPI ya existían, distintos actores relacionados con el proceso de compraventa de la planta de San Cibrao sostienen que las negociaciones podrían enrocarse aún más teniendo en cuenta sentencia conocida esta semana de la Audiencia Nacional con respecto a la venta, hace ahora casi dos años, de las plantas de A Coruña y Avilés al fondo suizo Parter.
La clave de Alu Ibérica
La Audiencia Nacional ha condenado a Alcoa a cumplir las condiciones sobre extinción de contratos que se produzcan y de recolocación externa en los términos que se fijaron en los acuerdos alcanzados el 15 de enero de 2019 en las plantas de Avilés y A Coruña, con el que culminó el periodo de consultas iniciado como consecuencia de la decisión empresarial de efectuar en esos dos centros de trabajo un despido colectivo. La Sala Social del tribunal ordena cumplir esta medida alternativa al entender que la multinacional americana ha “incumplido” la medida complementaria consistente en la reindustrialización de las plantas y el mantenimiento del empleo mediante su compraventa a un empresario serio, riguroso y solvente.
El fallo del tribunal señala directamente a Alcoa como culpable de la situación de crisis que atraviesan las actuales plantas de Alu Ibérica en A Coruña y Avilés al entender que no garantizó la reindustrialización de las plantas. El tribunal considera que ni el fondo suizo Parter, a quien Alcoa vendió ambos activos por un euro, ni el posterior comprador, Grupo Riesgo, cumplen “mínimamente” el perfil de comprador “serio, solvente y riguroso”. “Al contrario, lo que resulta palmaria es la contribución de ambos a la situación de desolación en la que se encuentran las plantas y sus trabajadores”, añade. En definitiva, la Justicia carga contra Alcoa por haber traspasado sus activos a una firma que no podía garantizar la continuidad de los mismos.
Los flecos sueltos de la negociación
Esa sentencia, que impacta sobre Alcoa y el papel que desempeñó en la elección del comprador de las plantas de A Coruña y Avilés, emerge en este momento como clave en el proceso de San Cibrao. Nadie, ni empresa, ni Gobierno, ni sindicatos pueden permitirse que se repita la situación que se vive en ambas plantas, pero para eso, el papel que desempeñe la SEPI se antoja crucial.
Alcoa sigue insistiendo en la venta a la SEPI, mientras que el Gobierno central continúa sin aclarar el papel que finalmente desempeñará. Los trabajadores también piden que se asegure la intervención estatal. Este miércoles, el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, indicaba que espera que en la reunión de esta jornada “Alcoa demuestre que tiene proactividad en la venta” y que está dando los pasos adecuados para que la operación llegue a buen puerto. No obstante, también añade su deseo de que, en esta cita, “quede claro que el ministerio quiere hacer esta operación”.
No obstante, otras fuentes cercanas al proceso descartan que, de manera inmediata, se vayan a producir novedades. Insisten en que, por ahora, las posiciones de Gobierno y empresa están lejanas y que la sentencia de la Audiencia Nacional pone el acento, precisamente, en ellas. No solo queda por despejar el rol que desempeñará la SEPI, también si habrá, finalmente, algún tipo de cláusula de indemnidad con la que Alcoa se blinde de futuras reclamaciones. El pasado 29 de abril, el grupo de Roy Harvey manifestó que estaba dispuesto a rebajar sus exigencias y aceptar “una nueva redacción de la cláusula de limitación de responsabilidades, volviendo a la propuesta de septiembre de 2020, que no fue rechazada por el Gobierno”. No obstante, en una misiva de respuesta publicitada el pasado 12 de mayo, Industria advertía de que no podía “aceptar la propuesta de indemnidad de Alcoa, ya que excede el marco normativo que le es aplicable”.