El Tribunal de Cuentas reprocha el aval de Zapatero a Sacyr para las obras de Panamá

El Gobierno del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero tenía mucha prisa. O quería ayudar como fuera a Sacyr para que obtuviera el contrato del Canal de Panamá. Esa sería una primera conclusión a raíz de un informe del Tribunal de Cuentas, que ha reprochado al Estado al poner en cuestión en un informe el “respeto al marco legal contractual” de un aval de cerca de 160 millones de euros. Esa cantidad fue la que otorgó la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) en 2009 a la constructora Sacyr para optar al concurso de las obras del Canal de Panamá.

Lo que acordaron el CESCE y Sacyr es que la constructora reembolsaría el importe de la indemnización si se producía el pago de la misma. Es decir, el organismo, que sirve para ayudar a las empresas españolas, y en el que el Estado tiene la mayoría del capital, aseguró la fianza que Panamá podría cobrar si no se acaba la obra.

Coste para España

Después, sobre el papel, el organismo se lo cobraría a Sacyr, pero lo que el Tribunal de Cuentas cuestiona es que todo eso no está claro, y que existe un riesgo evidente de que esa cantidad se acabe convirtiendo en una factura para el Estado, no únicamente por las irregularidades que se han producido, a su juicio, en el proceso de contratación del seguro, sino por la propia “situación económico-financiera” de la constructora, que, en aquel momento, estaba presidida por Luis del Rivero.

El informe del Tribunal de Cuentas sobre la actuación del CESCE en 2009 se aprobó el 27 de junio de 2013, y fue remitido al Congreso de los Diputados. El organismo de control entiende que el CESCE debe ayudar a las empresas españolas, pero incide en que se deben poder conciliar los criterios de oportunidad y el “respeto al marco legal contractual”, que se debe exigir en todas las operaciones para preservar el principio de seguridad jurídica.

Responsabilidad de Salgado

Y carga contra el CESC por “falta de iniciativa alguna», al entender que no solicitó en ningún momento al Ministerio de Economía, que presidía entonces la ministra Elena Salgado, la aprobación, a través de una orden ministerial, de una normativa que pudiera amparar una operación con esas “peculiaridades”.