El Supremo, último clavo ardiendo al que se agarra Martinsa-Fadesa

Se espera con inusitado interés la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que la semana pasada deliberaba sobre el recurso de casación interpuesto por Martinsa-Fadesa contra la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que, en enero de 2013, rechazaba, al igual que lo había hecho un año antes el juez concursal, la demanda de responsabilidad social por los perjuicios causados por la compra en 2007 de la inmobiliaria Fadesa.

Nada menos que 1.576 millones de euros de reclamación por «decisiones o actuaciones presuntamente dolosas o negligentes» –básicamente, la incorrecta valoración de Fadesa– tomadas por Manuel Jové y Antonio de la Morena, presidente y consejero delegado de la inmobiliaria coruñesa que fue comprada por Martinsa en 2007.

Cantidades astronómicas

Cantidad que, caso de que el Supremo diera la razón a Martinsa, podría superar los 2.300 millones al sumar los intereses financieros generados desde marzo de 2011, fecha en la que se presentó la demanda.

Además de las partes y de sus respectivos abogados –la representación judicial de Martinsa la dirige el catedrático José Manuel Otero Lastres con el apoyo del bufete Gómez Acebo–, también los bancos acreedores están muy pendientes de lo que dictamine el Supremo, ya que la sentencia no es recurrible.

Liquidación o entrar en otra historia

Si los magistrados entienden que no ha lugar la casación, la modificación de ese convenio concursal que ha presentado Martinsa-Fadesa tendrá muy poco recorrido a la vista de la fría acogida que ha tenido entre las entidades financieras acreedoras. Y no quedaría otra que ir a la liquidación de la promotora.

Pero si es Martinsa-Fadesa la que sale victoriosa de este litigio –aunque sea de manera parcial, con la reducción de la multimillonaria reclamación– la cosa cambia. Y entraríamos en otra historia, completamente diferente.

El recurso de casación de la inmobiliaria presidida por Fernando Martín –en el que por parte del Supremo ha actuado como ponente el magistrado Rafael Sarazá Jimena, perseguía no tanto poner en duda la valoración de los activos como su veracidad, como esas propiedades, por valor de 160 millones de euros, que, a juicio de Martinsa, pertenecían a terceros, y no a Fadesa. Además, se estiman en casi 500 millones el importe derivado clasificaciones urbanísticas y otros 720 millones de actuaciones incompatibles en Andalucía.

Dudas sin resolver

Aunque el Alto Tribunal solo ha entrado a dilucidar sobre el recurso de casación, en toda esta historia existen algunos puntos que, desde el principio, hicieron despertar todo tipo de suspicacias.

Entre ellos, la razón por la que Fernando Martín tardó cuatro años en darse cuenta de que Manuel Jové le había supuestamente estafado –compró Fadesa en 2007 por 4.045 millones de euros y no presenta demanda hasta 2011– y por qué no lo hizo contra Morgan Stanley, el banco de inversiones cuyo informe sirvió de base para llegar a esa oferta y que curiosamente, meses después, fuera quien asesorara a Manuel Jove en la compra del 5% del BBVA.

Contabilización de ingresos extraordinarios

Que el resultado de la sentencia es vital para Martinsa-Fadesa basta con señalar la alusión a esos «ingresos extraordinarios» que podrían obtenerse de obtener un resultado favorable en este procedimiento, recogida en la propuesta de modificación de convenio presentada ante el juez el pasado 30 de diciembre.

La compañía indica en dicha propuesta que, caso de salir airosa del litigio, deduciría el importe necesario para atender los créditos con privilegio general de las Administraciones Públicas, por debajo de 70 millones de euros, y un 6% de los derechos de crédito resultantes de la sentencia que se dicte para atender necesidades de tesorería.