El Supremo se entromete en el ‘negocio de los muertos’ de Mapfre

El ‘negocio de los muertos’ en España está viviendo en los tribunales una pugna soterrada derivada de la toma de control de Funespaña por parte de Mapfre, a través de la opa lanzada en 2012. 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la autorizó, pero uno de los accionistas minoritarios, José Ignacio Rodrigo Fernández (ex presidente de la funeraria tras una polémica privatización), se negó a acudir a la oferta por estimar que el precio que recibía era inferior al pactado con otros accionistas. Recurrió y, ahora, el Tribunal Supremo acaba de darle la razón.

El Supremo no deja títere con cabeza

Todo un hito. Es la primera vez que el Alto Tribunal tumba una opa. Y, además, lo hace dejando en evidencia a la CNMV, al Estado –defensor del regulador–, a Mapfre y a la propia Audiencia Nacional que, en marzo de 2014, había entendido que la opa se había ajustado a la legalidad, desestimando el recurso de Rodrigo Fernández. Ahora, todos ven cómo el Supremo les quita la razón.

Los términos que utiliza el Alto Tribunal Supremo para aceptar la casación solicitada por José Ignacio Rodrigo resultan apabullantes. A la Audiencia Nacional le reprocha no haber estimado el recurso contencioso-administrado presentado por el empresario, reconociendo la pretensión de que la CNMV procediera, como ahora le obliga,  a recalcular el precio equitativo de la opa formulada por Mapfre Familiar.

La CNMV desprotegió a los accionistas

Tampoco se queda atrás en las críticas a la actuación llevada a cabo por la CNMV. Acusa a la institución, ahora presidida por Elvira Rodríguez, de haber realizado una «interpretación literalista no razonable» del decreto que regula las normas, al no haber incrementado el precio que, un año antes de lanzar la opa, Mapfre había pactado con un grupo significativo de accionistas de Funespaña.

Y recuerda el Supremo que, con su actuación, la CNMV produjo una «clara desprotección de los accionistas minoritarios no concertados», como era el caso de Rodrigo Fernández, que percibió ‘solo’ 7 euros por acción, cuando otros cobraron 7,5 euros.

La cosa viene de lejos

El enfrentamiento entre el ex presidente de Funespaña –que en 2009 fue condenado por la privatización a precio de saldo de la venta, en 1992, del 49% de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid a Funespaña– viene de lejos.

Se remonta a 2010, cuando la aseguradora entró en la compañía al hacerse con el 8,2% de su capital. Entonces, Rodrigo Fernández todavía controlaba casi el 30%. A partir de entonces, varias ampliaciones de capital propiciaron el cambio de manos, hasta que Mapfre, a través de la ahora anulada opa de 2012, se hizo con casi el 64%, y dejó al empresario con tan solo el 14,7%, controlado en parte a través de sus sociedades Astaldo e Invafi.

Entonces, en el hecho relevante remitido a la CNMV comunicando que su participación bajaba del 15%, el ex presidente de Funespaña incluía una información adicional, de su puño y letra, mostrando su disconformidad con los extremos en que esa disminución accionarial se había producido.

Mapfre aparenta tranquilidad

Tras la sentencia, Mapfre se ha apresurado a señalar que la sentencia le vaya a suponer ninguna contrariedad. Estima la aseguradora que el recálculo del precio al que obliga el Supremo a la CNMV no tiene mucho sentido, ya que «el precio concertado con algunos accionistas se refería únicamente a una opción de venta a favor de los accionistas minoritarios y una opción de compra a favor del accionista mayoritario que, «en caso de haberse ejercitado dichos derechos de opción, hubiese sido en todo caso no superior al precio ofrecido de 7 euros por acción».

No obstante, habrá que ver en qué queda todo. Mapfre, que ostenta el 81% de Funespaña, tiene pendiente de lanzar una opa de exclusión bursátil de esta empresa. En 2014 obtuvo unos beneficios de casi 3,8 millones de euros tras ingresar 107 millones. Gestiona más de 90 centros funerarios, más de 129 tanatorios, 21 hornos crematorios, 40 cementerios y 42 concesiones administrativas en 22 provincias.