El rescate de Navantia cuesta este año 215 millones
El Gobierno aprobó un préstamo participativo de 215 millones para sacar a Navantia de causa de disolución; el año pasado el rescate fue de 140 millones
Las pérdidas de Navantia continúan forzando al Estado a inyectar capital en los astilleros para evitar la causa legal de disolución. La concesión de préstamos participativos a la empresa dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) ha sido constante desde 2015, cuando la escasez de contratos y las ventas a pérdidas comenzaron a ensanchar el agujero contable de la construcción naval pública.
El pasado ejercicio no fue una excepción en la dinámica de números rojos. Navantia acabó 2018 con un agujero patrimonial de 26,4 millones, según consta en la memoria de Sepi. Para esquivar la causa de disolución, el grupo industrial dependiente del Ministerio de Hacienda aprobó el 1 de marzo un préstamo participativo de 215 millones para arreglar el descosido en el balance de los astilleros.
El mismo movimiento hizo el año pasado, cuando también en marzo otorgó un préstamo por valor de 140 millones. Las perspectivas para los astilleros públicos han mejorado sustancialmente desde entonces, pues el encargo de las corbetas para Arabia Saudí y de las fragatas de la Armada española aseguran carga de trabajo en las gradas y el buen desarrollo del nuevo plan estratégico de Navantia.
Navantia lidera las pérdidas del grupo industrial público
Falta hacía, pues la empresa volvió a liderar las pérdidas del grupo industrial público. Según el balance de ejercicio de Sepi, los astilleros aportaron al conglomerado números rojos por valor de 337 millones, algo mejor que los 390 millones en pérdidas del año pasado.
Navantia mostró el peor comportamiento entre las empresas de la Sepi superando el resultado negativo de 168 millones de Correos y los 153 millones en pérdidas de Hunosa. El dueño de todo, la Sepi, finalizó el ejercicio con un resultado negativo de 225 millones.