El pufo de Alu Ibérica: la jueza deja claro que Riesgo no pagó a nadie
Un auto de la Audiencia Nacional expone que, al margen del pago de salarios, que se llevaba a cabo con las inyecciones económicas de Alcoa, “el resto de obligaciones con acreedores y proveedores comerciales han sido desatendidas de forma generalizada”
La Audiencia Nacional ha autorizado al administrador judicial a que solicite la entrada en concurso de acreedores de las factorías de Alu Ibérica en A Coruña y Avilés, que Alcoa traspasó en 2019 al fondo Parter y que este revendió a los pocos meses a Grupo Industrial Riesgo, investigado por un presunto delito de descapitalización fraudulenta.
En el nuevo auto, emitido el 23 de noviembre, la titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3, María Tardón, indica que “procede autorizar al administrador judicial para que solicite en los juzgados de lo mercantil competentes la correspondiente declaración judicial del concurso voluntario” como “única medida para para la protección del patrimonio, así como de los derechos de los trabajadores y el resto de acreedores de las mismas”. En el citado auto, al que ha tenido acceso Economía Digital Galicia, queda claro que los actuales propietarios desatendieron todos sus compromisos con acreedores y proveedores. En el tiempo en el que gestionaron las fábricas, únicamente habrían respondido a los pagos de salarios a la plantilla, algo que sufragaban gracias a las inyecciones económicas que recibía de Alcoa, que comprometió una aportación en el momento en el que traspasó las fábricas a Parter.
Lo deja bien claro el auto, que se remite a un informe del propio administrador judicial que evidencia que las factorías mantienen deudas con “proveedores, acreedores, entidades financieras y organismos públicos”. Estas son “de la suficiente entidad” como para hablar de “sobreseimiento generalizado en sus obligaciones corrientes”. “Cabe significar que, al margen del pago de sueldos y salarios que formaba parte del compromiso adquirido con Alcoa, el resto de obligaciones con acreedores y proveedores comerciales han sido desatendidas de forma generalizada con anterioridad a la fecha de aceptación del cargo de esta administración judicial”, expone el auto.
Reclamaciones en marcha
De hecho, en la actualidad, el auto constata la existencia de numerosas reclamaciones a las sociedades que sostienen las factorías, ahora paralizadas. “Así ha sido constatado a través de las certificaciones de deuda y datos obtenidos de las Sedes Electrónicas de los organismos públicos, en las que constan en vía ejecutiva deudas contraídas frente a la Agencia estatal de la Administración Tributaria con origen a comienzo de 2020”, se apunta en el auto. El informe del administrador judicial también expondría que “se están siguiendo numerosas ejecuciones judiciales, tanto en el ámbito laboral como en el civil, habiéndose constatado que, a esta fecha, varias de las reclamaciones de cantidad interpuestas por trabajadores han provocado el embargo de cantidades de las cuentas corrientes”.
En sus razonamientos jurídicos, el auto también llama la atención sobre la venta de derechos de CO2 que Grupo Riesgo habría llevado a cabo durante la primera mitad de este año, y por el que, según en su momento indicó el diario asturiano El Comercio se habrían embolsado unos 9 millones de euros. Un hecho, el de la venta, que podría ser indiciario de “una galopante situación de insolvencia”.
¿Nuevos inversores?
Pero, ¿qué ocurrirá cuando se active el concurso de acreedores? Según las declaraciones efectuadas la pasada semana por representantes del comité de empresa de la planta de Avilés esa es, precisamente, la hoja de ruta que manejaría el Ministerio de Industria.
Según indicaron los trabajadores asturianos, los responsables del ministerio entienden que la entrada de Alu Ibérica en concurso sería “el marco legal” más adecuado para favorecer la futura entrada de inversores interesados en los activos alumineros. Eso sí, de momento, no ha trascendido el nombre de ningún potencial interesado.