El PSOE culpa a Ana Pastor de retrasos y sobrecostes en el AVE a Galicia
“Yo me iría a casa si un informe sobre mi gestión dice algo así”, señala Fernández Leiceaga, que pregunta a Feijóo por qué estuvo callado ante el “caos” en la llegada de la alta velocidad a Galicia
Giro de guion en el Senado con el AVE a Galicia. El senador Xoaquín Fernández Leiceaga, ex secretario xeral de os socialistas gallegos, ha dado la vuelta a las críticas que habitualmente vierte el PP sobre el despliegue de la infraestructura, achacando al Gobierno socialista dilaciones en las obras. Leiceaga, sin embargo, ha pedido responsabilidades a la ex ministra de Fomento Ana Pastor, a quien reprocha retrasos y litigios con las constructoras durante su gestión.
El senador socialista toma como referencia los informes del Tribunal de Cuentas sobre la suspensión de contratos en la alta velocidad entre 2014 y 2017 para imputar a Pastor “irregularidades” en la gestión que provocaron la suspensión de contratos “entre otras en la línea Seixalbo-Ourense, haciendo que el plazo inicial de un año se multiplicara por ocho”. También reprochó que el Ministerio solo ejecutara el 49% del presupuesto destinado al AVE a Galicia o la suspensión de 113 expedientes que afectan a 14 de las 17 líneas de alta velocidad.
“Yo me iría a casa si un informe sobre mi gestión dice algo así”, concluyó Leiceaga, quien apuntó a las consecuencias “dramáticas” que el “caos” provocado por Ana Pastor tuvo en los plazos de la infraestructura.
La estrategia de Feijóo
El senador también envió un mensaje a Alberto Núñez Feijóo, al que acusó de “intentar imputar al actual Gobierno el retraso en las líneas del AVE” que son responsabilidad de la ex ministra de Fomento. Por ello, reprochó al presidente de la Xunta que estuviera “callado” durante aquella etapa de “caos compacto” para, “en cuanto cambió el Gobierno”, intentar culparlo de los atrasos.
Leiceaga destacó que la gestión de la dirigente popular no solo tuvo consecuencias en los plazos de ejecución de las obras, sino que también elevó las reclamaciones de daños y perjuicios de las constructoras, obligando a Adif a triplicar las provisiones por este concepto.