El primer grupo gallego de wolframio entra en concurso al no poder justificar millonarias subvenciones
Incremento Grupo Inversor suspende pagos con actividad en Lousame y Santa Comba y derechos de explotación en Sanxenxo y Ourense
Los hechos se empeñan en llevar la contraria a aquellos que ven Galicia como la gran veta de la nueva minería. El juzgado de lo Mercantil número dos de A Coruña ha declarado el concurso voluntario de Incremento Grupo Inversor, una compañía que reabrió la histórica mina de San Finx, en el municipio coruñés de Lousame, para extraer wolframio, erigiéndose en su día en puntal de la extracción de minerales hasta entonces poco valorados por su baja demanda y que contó con millonarias subvenciones, tanto de la Xunta como del Ministerio de Industria.
En un auto fechado el pasado 3 de este mes, el titular del Juzgado de lo Mercantil número dos, Rafael García Pérez, señala que “la deudora mantendrá las facultades de administración y disposición de su patrimonio”, quedando sometido dicho ejercicio “a la intervención del administrador concursal”, que ha recaído en Juan Capellá Auditores, una firma compostelana. García Pérez también insta a los acreedores a notificar al juzgado la existencia de créditos, y abre así una nueva página en la historia de Incremento Grupo Inversor, constituida en 2007 y convertida a golpe de subvención en la gran esperanza de la nueva minería gallega.
Problemas accionariales
Incremento Grupo Inversor comenzó a rehabilitar, primero, y luego explotar minas como la histórica de San Finx, en Lousame. También cuenta con derechos mineros y actividad en Santa Comba, así como derechos en municipios como Sanxenxo y otros por la provincia de Ourense. El accionariado de Incremento Grupo Inversor se reparte, según la memoria de la compañía presentada en el Registro Mercantil, entre Joaquín Eulalio Ruiz Mora, que tiene un 20% de la sociedad y lidera los proyectos industriales. Le acompañan otros dos grupos de empresarios, Inversiones Camporredondo, con un 40%, e Inversiones Monteneme, con otro 40%. Este mismo año los trabajadores de la compañía fueron testigos de un cruce de querellas entre los socios del primer grupo gallego de wolframio. Los accionistas de Incremento Grupo Inversor se acusaban mutuamente de delitos societarios y de apropiación indebida.
Incremento tiene otro frente abierto en todo lo que respecta a ayudas públicas recibidas. De hecho, la compañía admite que ha incumplido varios requisitos para justificar inyecciones y subvenciones, que en total, durante un período de tres años, sumaron hasta 1,9 millones de euros. Las ayudas más cuantiosas son precisamente las que no ha logrado justificar, y las califica en sus cuentas de reintegrables a los organismos públicos que se las concedieron.
Ayudas del Igape
En concreto, en esa situación figuraban en las cuentas presentadas al Registro Mercantil un total de 645.000 euros recibidos por el Igape, dependiente de la Consellería de Economía, que se los había concedido en 2010 para un “proyecto de investigación geológico-minero” en Santa Comba. Tampoco logró justificar una subvención del Ministerio de Industria, para ese mismo proyecto, por importe de más de 497.000 euros, concedido ese mismo año de 2010.
Todos esos problemas no parecieron influir en la decisión de la Consellería de Economía de reconocer nuevos derechos mineros para Incremento. De hecho, en una resolución del 13 de agosto del año pasado, la jefatura territorial de Pontevedra de dicho departamento, autorizaba y sometía a información pública un nuevo permiso de investigación en el ayuntamiento de Sanxenxo por parte de Incremento Grupo Inversor.
