El plan de Naturgy para Meirama desencadena una cascada de alegaciones

Naturgy promueve dos parques eólicos entre los municipios de Cerceda, Carral y Ordes, es decir, en el entorno de la clausurada central térmica de Meirama, donde la eléctrica anunció también la construcción de una central de biogás y otra posible de hidrógeno verde como ‘compensación’ a la pérdida de tejido industrial provocado por el cierre de las instalaciones. Eso sí, con la esperanza de que los fondos Next Generation allanen y abaraten el camino para su implantación.

Los planes de la compañía de Francisco Reynés, sin embargo, se están encontrando con la resistencia vecinal y de entidades sociales y ecologistas, que no solo ven con alarma el impacto ambiental de los desarrollos proyectados, sino que también ven posibles irregularidades en la tramitación, “un castillo de naipes desde el punto de vista administrativo, legal y económico, que solo puede salir inicialmente adelante con la connivencia de la Administración, pero que será puntualmente recurrido en todos los estamentos posibles por los afectados”, avanzan.

El pasado sábado, poco después de que saliera a exposición pública el parque eólico Meirama, 13 aerogeneradores entre Carral y Cerceda, un centenar de personas se reunieron convocados por SOS As Encrobas y Salvemos A Comarca de Ordes en un encuentro en el que Adega y Sindicato Labrego Galego dieron su punto de vista sobre esta instalación y sobre el parque eólico de As Encrobas. Entre las dos sumarían unos 70 megavatios.

“Al evidente impacto negativo que sobre el medio ambiente supone la construcción de los parques, en un territorio que se recupera ambientalmente después de más de cuatro décadas de agresiones de las empresas mineras y energéticas, se suman los impactos que provocarán sobre la salud, el paisaje, el despoblamiento, la economía, el agua para consumo humano”, relataron los promotores del evento.

La indemnización a los expropiados

Del mismo modo que achacan al proyecto de Naturgy, que entienden como un todo artificialmente fragmentado, fuertes impactos, también le atribuyen importantes debilidades.  Por ejemplo, la presunta ilegalidad del Plan Sectorial Eólico de Galicia, por no haber sido adaptado por la Xunta a la Ley 21/2013 de Evaluación ambiental, que puede producir la anulación en cascada de todas las autorizaciones autonómicas para la implantación de parques eólicos, así como de los proyectos vinculados a los mismos, entre ellos las plantas de producción de hidrógeno líquido.

Por otra parte, creen evidente que el parque eólico Meirama no se adecúa o a la Ley de Expropiación forzosa y a la Carta de Derechos fundamentales de la Unión Europea en lo relativo a la valoración e indemnización de los terrenos afectados dentro de la poligonal de ambos parques. Los promotores prevén reclamaciones a través de los tribunales en caso de que la empresa pretenda no indemnizar a los afectados de producirse la aprobación del proyecto.

De hecho, en el acto se hizo advertencia a aquellos propietarios de suelo afectados directamente por las instalaciones de la necesidad de consultar con profesionales el contenido de los contratos para el mutuo acuerdo que ofrece la empresa, pues “diez de sus doce cláusulas pueden considerarse abusivas”.

La fragmentación del proyecto

Las entidades promotoras también achacaron a Naturgy una fragmentación artificial del proyecto para eludir un control ambiental más estricto. Desde que en noviembre del año pasado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anulara la aprobación de un parque eólico en Mondoñedo por este motivo (el de Sasdónigas, promovido por Norvento), se ha convertido en una de las alegaciones clave, pues es una práctica habitual de las eléctricas, por un lado, y hay numerosa jurisprudencia que la condena, por otro.

Para los portavoces de las entidades resulta evidente que los dos parques eólicos de Naturgy forman parte de un mismo proyecto, “que la empresa fracciona en dos de menos de 50 megavatios con el fin de evitar su tramitación, más restrictiva, a través del Ministerio de Transición Ecológica haciéndolo a través de la Xunta, que permite un control más laxo de los impactos y una reducción sustancial de los tiempos de tramitación gracias a la Ley de Fomento de la Implantación de Iniciativas Empresariales en Galicia”.

Una vez más, los parques eólicos se adentran en territorio judicial desde su mismo diseño.

El empleo

Las alegaciones que se están presentando contra el parque eólico también recogen una cuestión central de la transición justa, el mecanismo por el que el proceso de descarbonización debería materializarse sin dejar en la estacada a los territorios –a las personas– que se quedan sin la actividad económica que generaba.

Dicha cuestión es el empleo, pues argumentan los afectados que no se hace balance entre el escaso trabajo que se genera con la construcción de este proyecto en relación con el que se destruye o con el que se podría generar vinculado al desarrollo rural y al medio ambiente si no se construyese.