El plan B de Ence: salir de Galicia con indemnizaciones millonarias del Estado

Ence contraataca ante el jaque judicial a su planta en Pontevedra. La compañía ha multiplicado por ocho sus pérdidas, al dispararse hasta los 194,6 millones de euros en los seis primeros meses del año, como consecuencia de las provisiones por valor de 196 millones que ha activado para hacer frente a un hipotético futuro sin su factoría de Lourizán.

El golpe de la Audiencia Nacional, que el pasado mes de julio estimó los recursos presentados contra la prórroga de la concesión de la pastera en la Ría de Pontevedra, ha dejado esta particular cicatriz en la cuenta de resultados de Ence, que ahora pasa una factura de casi 500 millones de euros a la Xunta y al Gobierno.

Y es que la firma presidida por Ignacio de Colmenares recoge en su memoria semestral que «en el caso de que no se revoquen las sentencias dictadas, reclamará a la Administración todos los daños y perjuicios adicionales a los anteriores, que se le generen como consecuencia de la anticipación del vencimiento de la concesión».

132 millones por inversiones ya ejecutadas

La compañía cifraba en 132 millones el importe de la indemnización que reclamaría al Estado en el caso de que se tumbase una prórroga que recibió la luz verde del propio Consejo de Ministros en el año 2016 y que llevaba aparejada la puesta en marcha de inversiones millonarias.

En concreto, Ence activó inversiones por valor de 132 millones de euros en su complejo de Lourizán desde el año 2016 y preveía dedicar otros 240 millones hasta 2023. Sin embargo, decidió frenar en seco en materia de inversiones en Pontevedra tras el movimiento de la Abogacía del Estado (dependiente del Gobierno), que en 2019 decidió allanarse en los recursos del Concello de Pontevedra, Greenpeace y la Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra contra la prórroga.

La compañía, que abandonó el Ibex 35 hace exactamente un año (en septiembre del 2020), advirtió en 2019 de que reclamaría indemnizaciones por valor de 132 millones de euros. Ence apuntó que estas cantidades se dedicaron a sufragar unas inversiones que venían avaladas por el Estado, toda vez que fue el propio Gobierno central, presidido por aquel entonces por Mariano Rajoy, el que dio luz verde a un prórroga que ahora se encuentra en una encrucijada.

Jaque a las cantidades pactadas con la Xunta

Pero además de estas indemnizaciones, Ence alerta de que su cierre en Pontevedra supondría la cancelación de inversiones por valor de hasta 356 millones de euros en Galicia. Y es que la compañía tenía marcada en su hoja de ruta la dotación de hasta tres millones de euros al año a su plan social para hacer «partícipe a la población del entorno de la ría gallega», unas cantidades a las que se suman los 176 millones de euros en inversiones que habían pactado con la Xunta y que ahora quedan en suspenso.

La mayor parte (61 millones de euros) estaban destinados a mejoras en materia medioambiental y la creación de empleo en su factoría de Lourizán. Además, la firma preveía la construcción de tres nuevos centros de bioenergía por 20 millones de euros, así como la puesta en marcha de una planta de generación con biomasa, una iniciativa que iría dotada con 74 millones de euros, así como la activación de «contribuciones orientadas a la mejora en la calidad de vida de los gallegos» por 21 millones.

Desmantelamiento, despidos… La factura del cierre en Pontevedra

De esta forma, Ence da casi por enterradas las posibilidades de abordar futuras inversiones en Pontevedra y provisiona casi 200 millones de euros para hacer frente a un hipotético cierre al que pone cifras. En el caso de que el Tribunal Supremo desestime el recurso de la pastera, esta verá cómo se esfuman 185 millones de euros de su balance y de su cuenta de resultados. La compañía cifró en esta cantidad el coste de clausurar sus instalaciones, de los cuales 74 millones tendrían impacto en caja.

Se trata de los 16 millones de euros que tendría que destinar a cancelar contratos, los 15 millones para indemnizar a sus 400 empleados directos en Pontevedra y los 43 millones que dedicaría a tareas de desmantelamiento. Los 111 millones de euros restantes se corresponderían a la pérdida de uno de sus activos estrella en balance y asestarían un golpe a su balance, pero no a su caja.