El pasado de Arias Infraestructuras se reescribe en los juzgados
El Juzgado de Instrucción número 5 de A Coruña sigue las diligencias por la querella presentada contra la constructora por Antón Arias Díaz-Eimil
La guerra continúa pese a la nueva vida. El pasado reciente de Arias Infraestructuras se mantiene abierto en los juzgados, pendiente de ser reescrito en una batalla que comenzó hace varios años. Los nuevos gestores de Arias, una de las constructoras gallegas emblemáticas, están pendientes del litigio que comenzó Antón Arias Díaz-Eimil, expresidente de la patronal gallega, contra el anterior propietario, Ildefonso Rodríguez Iglesias, fallecido hace unos meses, y también contra la propia compañía.
La historia es la siguiente: al cierre de 2017, mucho antes de su venta, el capital de Arias Infraestructuras, antigua Arias Hermanos, era de 1,8 millones de euros, constituido por 32.400 títulos de 56,28 euros de valor nominal cada uno. Ese mismo año se había llevado a una reducción mediante amortización de los títulos hasta esa fecha propiedad de la familia Arias Díaz-Eimil. La operación fue ideada y ejecutada por el anterior copropietario, que tenía la mayoría, el empresario Ildefonso Rodríguez Iglesias. La operación de «achatarramiento» del capital apartaba a la familia fundadora de la compañía, con quien Rodríguez Iglesias mantenía un agrio enfrentamiento. Y ahí comenzó la guerra judicial.
El origen de la querella
Actualmente, según reconocen en la memoria de la compañía los actuales administradores de Arias, Mario Barcenilla y Antonio José Aranzadi, el Juzgado de Instrucción número cinco de A Coruña sigue las diligencias previas (procedimiento abreviado número 1384117) contra Arias Infraestructuras, y otro, se entiende ahora que los herederos de Rodríguez Iglesias, sobre diversos delitos. Barcenilla y Aranzadi sostienen que «lo que subyace fundamentalmente en la pretensión de los querellantes (la familia Arias) es la disconformidad de los socios minoritarios con la valoración realizada por un experto independiente designado por el Registro Mercantil, a raíz de ejercitar aquellos el derecho de separación reconocido a su favor en los estatutos sociales y que dio lugar a la posterior amortización de sus acciones».
Los delitos penales
Ambos administradores mantienen que «no se estima una elevada probabilidad de que la pretensión de los querellantes pueda significar un quebranto significativo para la sociedad». En la querella presentada por los Arias Díaz-Eimil se imputaban a Rodríguez Iglesias y a la propia compañía hasta cuatro presuntos delitos: estafa, administración desleal, falseamiento de cuentas anuales y vulneración del derecho de información de los socios.
Rodríguez Iglesias, según los querellantes, incumplió en el pacto de socios firmado en 2005 los derechos de los minoritarios para ejecutar un acuerdo de separación. Rodríguez Iglesias, según esta versión, había apelado a pérdidas sobrevenidas para incumplir lo acordado y así liberarse de recomprar ese 25% que estaba en manos de la familia Arias. Ahora, el juez decidirá.
