El papel de la SEPI emerge como gran escollo en la venta de Alcoa San Cibrao

Alcoa ha comenzado ya las negociaciones con los seis pretendientes a hacerse con la fábrica de aluminio primario de San Cibrao. Uno es Alvance, la división de aluminio de los británicos GFG Alliance. Los otros cinco, de momento, una incógnita, ya que ninguna de las partes implicadas quiere aún revelar su identidad. En el sector industrial se señala a grupos asentados en España como Alibérico y Aludium, aunque, de momento, ninguno de ellos ha dado un paso al frente. Pero, a pesar de los candidatos y de que las conversaciones han arrancado, un nuevo escollo vuelve a aparecer en el camino: el papel de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI.

Ya en septiembre del año pasado, cuando fracasaron las negociaciones entre Alcoa y GFG Alliance, el dueño de Liberty House, por la planta de Cervo, el Gobierno central se ofreció a mediar en el proceso de venta. A principio de año, después del varapalo que supuso para Alcoa que la Justicia tumbase el ERE puesto en marcha en la factoría al declararlo nulo, los americanos se avinieron a volver a negociar. Eso sí, siempre con la SEPI de por medio. El Ejecutivo central dibujó una operación a tres bandas. Compraría la planta de San Cibrao a Alcoa para, inmediatamente después, vendérsela a un tercero.

Sin embargo, en esta última etapa, el proceso de negociación dio un vuelco. No solo emergieron muchos más interesados en la planta de Alcoa —al calor de la recuperación de aluminio y de las perspectivas de futuro del metal–, sino que, con la aparición de nuevos candidatos, el Gobierno comenzó a mostrar dudas acerca de la necesidad de que la SEPI interviniese en el proceso de venta. Esa es la gran distancia en este momento entre Gobierno y multinacional americana.

Industria abronca a Alcoa

La distancia se hizo más evidente que nunca este jueves, en el marco de la reunión de seguimiento del proceso de negociación y en la que participaban Alcoa, comité de empresa, Gobierno central y Xunta de Galicia. Al término de la misma, la compañía confirmó que había “iniciado conversaciones con los candidatos remitidos por Industria que mostraron interés en la planta”. De los seis, según los sindicatos, cinco ya pasaron la primera criba, al firmar una cláusula de confidencialidad para llevar a cabo las conversaciones. De momento, les ha remitido una hoja de condiciones, el term sheet, que pretende usar para “la venta a la SEPI”. Y es que, en su comunicación de este jueves, si algo ha dejado claro Alcoa es que está dispuesta a negociar con los nuevos interesados en la planta, pero no a vender a nadie que no sea la SEPI.

Algo, sin embargo, que en este momento no parece una prioridad para el Gobierno central. Lo dejó claro Raül Blanco, secretario general de Industria y uno de los altos cargos del Ejecutivo que ha liderado las negociaciones desde el principio del conflicto. En unas declaraciones con un tono más elevado del habitual, Blanco aseguró que los de Pittsburgh estaban “poniendo trampas” para no vender la única factoría de aluminio primario que resta en España a pesar del volumen de interesados.

El precedente de Alu Ibérica

“Alcoa se ha enrocado en un proceso jurídico, poniendo al Gobierno y a la SEPI como excusa para no vender. Hay al menos seis empresas interesadas en la compra de la planta, y para ello no es necesaria la triangulación ni la intermediación del Gobierno”, espetó. El alto cargo insistió en que, en las condiciones actuales, “la venta se puede realizar con total normalidad dentro del marco jurídico y las administraciones, tanto el Gobierno como la Xunta, estarán detras de esa operación, vigilando que se haga conforme al marco jurídico y dando todas las garantías necesarias”. “Lo único que tiene que hacer Alcoa es vender y dejar paso a otro propietario, que tenga licencia moral para operar en España”, zanjó.

Según distintas fuentes consultadas, tanto Alcoa como el Gobierno, en todo este proceso, tienen muy presente el fiasco que supuso la venta en 2019 de las factorías de A Coruña y Avilés al fondo suizo Parter, que luego las revendió contraviniendo los acuerdos de traspaso, a Grupo Industrial Riesgo. En la actualidad, ambas plantas están intervenidas judicialmente y la Audiencia Nacional estudia un posible caso de despatrimonialización fraudulenta. El Ejecutivo central, que en su momento avaló la venta a Parter, no puede permitirse otro paso en falso. Tampoco Alcoa, que tiene demandado al fondo suizo. De ahí su interés de vender a la SEPI.

¿Qué pasa con la indemnidad?

Quedan otros flecos sueltos, a los que se podría estar refiriendo Blanco con sus declaraciones, al hablar de que Alcoa condiciona el proceso a respuestas jurídicas y procesos de meses anteriores. La multinacional reclamó en los últimos tiempos una cláusula de indemnidad con la que blindarse ante posibles reclamaciones o demandas futuras. El pasado 29 de abril, el grupo de Roy Harvey manifestó que estaba dispuesta a rebajar sus exigencias y aceptar “una nueva redacción de la cláusula de limitación de responsabilidades, volviendo a la propuesta de septiembre de 2020, que no fue rechazada por el Gobierno”. No obstante, en una misiva de respuesta publicitada el pasado 12 de mayo, Industria advertía de que no podía “aceptar la propuesta de indemnidad de Alcoa, ya que excede el marco normativo que le es aplicable”, si bien manifestaba su “disposición a colaborar en la creación de condiciones que faciliten un futuro industrial”.

El comité de empresa mientras tanto, sigue adelante con su proceso de diálogo con los interesados en la planta. Desde la absoluta discreción, sin poner nombres encima de la mesa, asegura que ya ha concertado reuniones con hasta tres de los seis interesados. La primera, el próximo 9 de junio con Alvance.