El órdago de Alcoa aboca a Sánchez a los tribunales o la intervención
La Xunta alienta la vía judicial contra los despidos mientras el Gobierno estudia una posible intervención de la fábrica si naufragan en los tribunales
Alcoa prefirió cerrar la planta de aluminio de Lugo que venderla en las condiciones que pedía Liberty. Este viernes confirmó el despido de 524 empleados y el apagado ordenado de las cubas de electrólisis, un proceso que concluirá en el primer trimestre del año que viene. La decisión cogió a los diputados del PPdeG Miguel Tellado y Diego Calvo visitando la planta de Siemens-Gamesa en As Somozas ante el riesgo de que también eche el cierre. Así de sombrío se presenta el futuro industrial de Galicia ahora que el Covid-19 ha puesto en la agenda política a la industria.
La multinacional norteamericana emitió un comunicado en España y otro en Estados Unidos que fue notificado también al supervisor bursátil. Indemnizará a los despedidos con 30 días por año trabajado, activará un plan de recolocación y mantendrá a 99 trabajadores para seguir operando una parte de la fundición. La decisión de Alcoa deja en nada las maniobras de presión del Gobierno, que a comienzos de semana le envió un requerimiento para que justifique que cumple los requisitos para recibir casi 10 millones en ayudas por CO2. Si el objetivo era provocar un “cambio de actitud” de actitud, como afirmó la ministra de Industria, Reyes Maroto, Alcoa ha respondido con la ejecución de los despidos.
El Gobierno prefiere impugnar el ERE que intervenir la planta
La cerrazón de la multinacional, que se negó a vender a Liberty y a la Sepi, obliga aboca al Gobierno a medidas extremas si quiere mantener la última planta de aluminio primario de España. La más inmediata pasa por los tribunales. El comité de empresa ya ha anunciado que pedirá al juez que paralice el ERE, una medida cautelar que tiene como objetivo no solo evitar la ejecución de los despidos sino también que se desactiven las cubas de electrolisis, lo que casi sería el punto y final para la factoría. De hecho, el único grupo que se ofreció a quedársela y desarrollar un plan industrial, Liberty, puso como condición que las cubas se mantuvieran operativas.
La otra alternativa pasaría por la intervención de la planta, una opción que han pedido los trabajadores y grupos políticos como BNG, En Común y, en ocasiones, hasta el propio PSOE; y que el Gobierno lleva tiempo valorando. Fuentes próximas al Ejecutivo apuntaban este viernes que no se produciría una medida de este tipo de inmediato debido a la complejidad legal que acarrea y que la primera opción pasa por la vía laboral, es decir, la impugnación del ERE.
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Atentado contra la libre competencia
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que ha ido de la mano con el Gobierno en la última ofensiva para salvar a la factoría del cierre, animó este viernes a recurrir el ERE porque es “fraudulento”. “Lo que se pretende es que no haya competidores, que se cierre para que no tenga ningún competidor que haga aluminio primario en España», dijo el dirigente autonómico.
A medida que Alcoa avanza en el desmantelamiento de San Cibrao, el Gobierno profundiza en su enfado. El secretario general de Industria, Raül Blanco, acusó a la multinacional de “atentar contra la economía de mercado y la libre competencia con esta actuación”. Blanco criticó a Alcoa por crear un conflicto “innecesario” y aseguró que van a trabajar con “contundencia” para que la planta continúe funcionando.
Qué se puede alegar contra el ERE
La autoridad laboral ha desgranado alguno de los males que aqueja el ERE presentado por Alcoa para concluir que la compañía actuó con mala fe en el proceso. Concretamente, la jefatura territorial de la Consellería de Emprego en Lugo considera que la compañía infringió “el deber de buena fe contractual» durante la negociación del despido colectivo. Alude a que no frenó el proceso a pesar del confinamiento al que estuvo sometida la comarca de A Mariña en julio. También reprocha que hizo entrega al comité de empresa de documentación necesaria para la acreditación de las causas alegadas para las extinciones de los contratos «en lengua no oficial (inglés) en dos ocasiones».
Emprego critica que Alcoa no acometió ninguna acción de búsqueda de posibles compradores y que inició el proceso de hibernación de las cubas, lo que pone en peligro su posible venta«, además de marcar unas condiciones mercantiles «inasumibles para un posible comprador como fue Liberty». «Se podría llegar a afirmar que durante el proceso negociador Alcoa fue absolutamente insensible a la posición estratégica que una empresa de estas características tiene en una zona como A Mariña”, dice la autoridad laboral, que recuerda que la compañía se negó a vender a la Sepi y obvió la oferta del Gobierno para aliviar el coste energético de la planta.
