El negocio de los peajes: Itínere tiene seis autopistas, pero obtiene el 70% de los ingresos en la AP-9
La AP-9 fue la única autopista del grupo que encareció los peajes mientras otras tres los bajaban
Imagen de archivo de la AP-9
La AP-9 es algo más que una autopista para Galicia y también para Itínere, el grupo que controla la concesionaria del vial. Las seis carreteras concesionadas de la compañía, en plena batalla accionarial entre Globalvía y Corsair, aportaron 180,9 millones de ingresos, casi el 70% recaudado en los peajes de la AP-9.
Audasa, la concesionaria de la principal autopista de Galicia, aportó 127,9 millones a la cifra de negocio de Itínere, más que el resto de concesiones del grupo juntas. Aucalsa, la AP-66 entre León y Campomanes, sumó 29,2 millones; Autoestrada de Galicia, que controla la AG-57 (Puxeiros-Val Miñor) y la AG-55 (A Coruña-Carballo), cerró con 12,3 millones de ingresos; Gebisa, la AP-8 entre Urgoiti y Ermua, aportó 10,5 millones; y Audenasa, la AP-15 entre Tudela e Irurzun, sumó 10 millones a la facturación del grupo, que controla el 50% del vial.
Hay que tener en cuenta que otra de las arterias que controla Itínere, la AP-1 entre Burgos y Armiñón, quedó liberada de peaje en diciembre de 2018.
Si tomamos en consideración el ebitda, el escenario es muy similar. La AP-9 logró 107,4 millones, el doble que la suma de Aucalsa (19,4 millones), Audenasa (16,9 millones) y Autoestradas (6,2 millones).
Todas bajan los precios menos la AP-9
En el conjunto de autopistas que controla Itínere la norma este fue la de mantener o rebajar los peajes. Así sucedió en la AP-66, donde los precios cayeron un 0,8%; en la AP-15, donde bajaron un 0,76%; y en Autoestradas Galicia, que en los dos ramales que gestiona en suelo gallego abarató las tarifas un 0,76%.
En la AP-9, que controla a través de Audasa, las tarifas se elevaron un 0,9%. La disparidad se debe a que la concesionaria de la autopista gallega compensa mediante subidas de peaje el coste de las obras de ampliación del vial en Rande y en Santiago, así como determinados descuentos para los vehículos que circulan entre Vigo y Pontevedra, una posibilidad que estaba prevista en los convenios firmados en su momento con el Ministerio de Fomento.
Aunque el Gobierno ha prometido rebajar las tarifas este verano a golpe de chequera, lo cierto es que no hay razones para el optimismo de cara al futuro. Audasa tiene anotados 337,5 millones pendientes de compensar por el erario público o bien mediante subidas en el precio del peaje. Esa cuantía equivale al saldo acumulado por las obras, el mantenimiento y las bonificaciones de determinados tránsitos en la autopista. A esto hay que sumar los 25 millones que reclama la concesionaria por los peajes en sombra de los recorridos Vigo-O Morrazo y A Coruña-Barcala.
