El juez investiga a Caamaño, histórico proveedor de Inditex, por delitos contra la ordenación del territorio

José Caamaño Louro, exdueño del histórico grupo que trabajó para Inditex durante la expansión de su red de tiendas por medio mundo, se cita con la Justicia. El Juzgado de Instrucción Número 2 de A Coruña tiene abiertas diligencias contra el antiguo propietario del Grupo Caamaño como presunto autor de un delito contra la ordenación del territorio por las irregularidades urbanísticas de su cuartel general en Culleredo.

Según confirman fuentes judiciales a Economía Digital, el empresario ya ha declarado en el marco de esta investigación que se inició en verano de 2019. Fue entonces cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) puso en conocimiento de la Fiscalía estas presuntas irregularidades urbanísticas a raíz de haberse desplazado hasta la sede del grupo cullerdense tras detectar vertidos al Rego da Regueira. La investigación arrancó tras tener conocimiento el Seprona “de la edificación en suelo no urbanizable de protección de aguas, careciendo de las licencias urbanísticas que amparen su legalidad”.

Suelo no urbanizable

El proceso judicial se desarrolla en un momento marcado por la toma de control del Grupo Caamaño por parte de la vasca Kider -que en agosto de 2019 se hizo con la mayoría accionarial del histórico proveedor de Inditex- y con el proceso de la legalización de sus terrenos como telón de fondo.

Y es que la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía, Empresa e Innovación sometió a información pública el pasado mes de septiembre el proyecto sectorial de regularización y ampliación de las instalaciones del Grupo Caamaño. El plan, que es promovido por una sociedad patrimonial de José Caamaño Louro (Lots, Land & Rent) busca “ampliar y regularizar la implantación actual de las instalaciones de la sede central del Grupo Caamaño”, hasta ahora asentadas sobre “suelo rústico de protección ordinaria” y no urbanizables.

¿Ampliación y regularización?

El proyecto, que se está tramitando en la Xunta de Galicia, contempla la ampliación de sus instalaciones desde los 34.536 metros cuadrados de superficie hasta los 53.275 (un incremento del 55%) tras una inversión total de 10,8 millones de euros. De los cuales la mayor parte (6 millones) irían a parar a la construcción de las nuevas edificaciones; 3,4 millones, a equipamiento industrial; 850.000 euros, a tareas de urbanización; mientras que los 584.000 euros millones de euros restantes se dedicarían a la adquisición de suelo.

La propia compañía daba cuenta de la situación irregular en la que se encontraban sus terrenos en el proyecto remitido a la Xunta de Galicia a finales de 2019. “La situación de urgencia es la que redirige la tramitación a la figura de proyecto sectorial, adoptando en él las líneas maestras expresadas en el PXOM en trámite, que, como ya se dijo, pese a no haberse aprobado definitivamente, consiguió un informe favorable de todos los organismos afectados”, refiriéndose así a las dificultades para renovar el Plan Xeral de Ordenación Municipal de Culleredo (que data de 1987) toda vez que los técnicos municipales tumbaron la propuesta de nuevo plan en 2013 sin que desde entonces se haya producido ninguna nueva aprobación.

El precedente con el bipartito

De esta forma, la investigación a José Caamaño Louro por el presunto delito contra la ordenación del territorio se produce en un momento en el grupo del que ahora es accionista minoritario acude por segunda vez ante la Xunta de Galicia para regularizar y ampliar sus terrenos.

Fue en 2007 cuando, durante la etapa del bipartito, Caamaño presentó al Gobierno gallego el proyecto sectorial (también promovido a través de su patrimonial Lots, Land & Rent) para legalizar unas instalaciones que por aquel entonces rondaban los 20.000 metros cuadrados de superficie, que se saldó con la negativa por parte de la Xunta.