El juez desmenuza el convenio de Reyal Urbis para ver si hay por dónde cogerlo

Reyal Urbis, la inmobiliaria presidida por Rafael Santamaría, y sus acreedores financieros, con la Sareb y Banco Santander al frente, llevan días esperando a que  Francisco Javier Vaquer, el magistrado titular del juzgado de lo Mercantil 6 de Madrid, dicte el auto de admisión a trámite de la nueva propuesta que la promotora presentó el pasado 30 de marzo.

Desde el día en que se haga público el auto se contará el mes de plazo que da la ley para que la administración concursal emita su informe y los acreedores decidan si se adhieren o no la propuesta. De no alcanzarse el suficiente respaldo legal, la inmobiliaria se vería abocada a la liquidación.

Requerimiento de subsanaciones

Esta espera tiene se origina el pasado 6 de marzo, cuando el juez requirió a la empresa a que facilitara más información y subsanara algunos errores detectados porque, a su juicio, sin estas rectificaciones no podía admitir a trámite la propuesta inicialmente presentada.

Tres semanas después, el pasado 30 de marzo, Reyal Urbis presentaba la subsanación de determinados aspectos, aportando un texto consolidado de la propuesta de convenio. Y el magistrado se está tomando su tiempo para examinar el nuevo documento antes determinar si la admite o no a trámite.

Pago a Hacienda

Básicamente, las dudas que el magistrado necesitaba aclarar pasaban por el plazo indefinido –a largo plazo, decía la inmobiliaria– que se fijaba para devolver los 400 millones de euros que se adeudan a la Hacienda Pública, y, además, conocer más extremos acerca de las razones que Reyal Urbis había seguido para el sorteo de activos entre los acreedores.

En líneas generales, en esa primera propuesta, tras asumir que no podrá devolver el pasivo de 4.000 millones de euros que arrastra, la promotora presidida ponía a los acreedores ante la tesitura de asumir una quita del 80% de ese pasivo. Y, además, limitada a los 3.500 millones de que la empresa debe a  la Sareb, principal acreedor, y a más de 20 entidades financieras, casi la mitad extranjeras.

1.000 millones de fallidos adicionales

Con ese planteamiento, y viendo el importe de lo provisionado ante las lógicas minusvalías que se vislumbraban, serían en torno a unos 1.000 millones de euros adicionales los que los bancos tendrían que aportar hasta alcanzar el nivel de fallidos que esa quita del 80% comportaría.

Otro extremo que el magistrado ha querido aclarar son las dudas relativas a que Reyal Urbis pueda generar, con los activos que se quedaría, ingresos suficientes para cumplir con el compromiso de pagar 500 millones de euros a Agencia Tributaria, Seguridad Social, comunidades autónomas y ayuntamientos.

Más pérdidas

Mientras llega la resolución judicial, la empresa, que ha convocado junta de accionistas para el próximo 30 de junio, sigue inmersa en una situación de liquidación controlada, sin apenas actividad productiva y con la mayoría de los ingresos procedentes de la venta de activos. Sus cuentas, al cierre del primer trimestre, vuelven a poner de manifiesto esta cruda realidad con unas pérdidas de 47,4 millones de euros, un 61% más que un año antes.

Aunque los ingresos aumentan, de 37 a casi 46 millones, el incremento obedece a operaciones de deuda bilateral efectuadas. Ingresos que no logran equilibrar un resultado financiero negativo en 39 millones, que tiene su explicación en que en 2014 los ingresos financieros recogían en 2014 condonaciones de deuda por 33 millones.

Los costes indirectos han sufrido un incremento del 42% aproximadamente con relación al primer trimestre de 2014, fruto principalmente del devengo de una parte significativa de los honorarios de la administración concursal y del resto de gastos asociados al proceso concursal.