El juego ataca a la Xunta y la acusa de ir en contra del sector
Las empresas denuncian una situación de discriminación respecto al juego público y presentan un informe para combatir la “hostilidad” contra el sector
Tres ideas recorrieron la cumbre del juego que organizó la patronal gallega AGEO este miércoles en la Cidade da Cultura de Santiago: la necesidad de combatir la creciente alarma social generada en torno a las casas de apuestas y su traslación al ámbito político, con normativas cada vez más restrictivas; la situación de discriminación de las empresas tradicionales frente al juego público, como la ONCE o Loterías y Apuestas del Estado; y la vocación de poner en valor un sector que genera 1.750 empleos en Galicia, casi 500 millones de ingresos de explotación al año y deja 61 millones en impuestos a las arcas públicas.
La convocatoria, además de reunir a representantes de buena parte de las principales empresas españolas, tuvo como aliciente la presencia en la clausura del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con quien la patronal gallega mantiene abiertas discrepancias respecto a la Lei do Xogo de Galicia, que está en proceso de aprobación. “En vez de ser para el sector, va en contra del sector”, resumió Serafín Portas, presidente de AGEO, quien advirtió a Rueda que acatan muchos puntos de la norma por “lealtad institucional” y “compromiso con el juego responsable”, pero que su texto “ha traspasado líneas rojas”.
Las empresas creen que están en un círculo vicioso, en una espiral en la que una alarma social injustificada presiona a los políticos hacia medidas más restrictivas que ahogan al sector y que tienen el inconveniente de estar totalmente fragmentadas, con diferencias entre territorios y entre el juego online y el presencial.
Vicepresidencia de la Xunta acabó emitiendo un comunicado en el que apeló a la “responsabilidad de todas las partes” para alcanzar “medidas de consenso” en un sector «que tiene una gran importancia en la actividad económica» y que «contribuye en gran medida a la generación de riqueza y empleo». En la Cidade da Cultura le pidieron una “rectificación a tiempo”, fundamentalmente en la normativa referida a máquinas b, las llamadas tragaperras.
Adictos al móvil, adictos a los videojuegos
La principal arma de las empresas fue un informe elaborado por el profesor emérito de Ciencia Política José Ignacio Cases e impulsado por AGEO, la Asociación de Bingos de Galicia (Abiga), Grupo Luckia y Grupo Comar. Además de glosar algunas de las cifras económicas del sector, el documento señala que Galicia está entre las cuatro comunidades de España con menor tasa por habitante de salones de juego, máquinas tragaperras y bingos.
Además, indica que los gallegos prefieren el juego público al privado y que no existe un problema vinculado a la ludopatía, pues la tasa de prevalencia es del 0,2%, inferior a la media de España y similar a la de Noruega o Suecia. Cases puso énfasis en la “adición igual a la ludopatía” que genera el móvil o los videojuegos. «Nos llegan ya como adictos al juego. Esa adicción se va creando antes», proclamó.
La parábola de la carretera
Por último, las empresas aludieron en diversas ocasiones a la doble moral en torno al juego privado y al público, debido a las facilidades existentes para la promoción de la ONCE o las loterías. El presidente de Luckia, José González, que participó en una de las mesas de la jornada, comparó la situación con la de una carretera en la que todos tuvieran que cumplir a rajatabla el código de circulación con excepción de los funcionarios, que podrían circular a 200 kilómetros por hora.
Los empresarios insistieron en que están comprometidos con el juego responsable y con aplicar la normativa, pero piden una ley clara, estable y que permita crecer al sector.
El director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva, que también participó en la cumbre empresarial, reconoció que es «un sector muy regulado y controlado en Galicia», algo que se evidencia en las más de 6.100 inspecciones que realizó la Xunta en 2018 o las más de 1.600 ejecutadas por la policía autonómica entre el año pasado y el actual en materia de menores.
A pesar de que las inspecciones van en «aumento», Santiago Villanueva ha destacado que el número de sanciones descendió desde las 78 de media en el periodo 2015/2016 a las 50 de media en el 2017/2018. «El sector del juego en Galicia es cada vez más respetuoso con la normativa», indicó.
