El jefe mundial de Alcoa admite el “importante impacto financiero” de la crisis de San Cibrao

La cúpula mundial de Alcoa, en Pittsburgh, asegura que, de momento, no existe una fecha definida para solucionar la situación que atraviesa la planta de aluminio primario de San Cibrao, cuyos trabajadores afrontan en estos momentos una huelga como medida de protesta ante la falta de avances por parte tanto de la multinacional como del Gobierno. Así lo admitió el presidente y CEO de la compañía, Roy Harvey, en la conferencia en la que dió a conocer los resultados del grupo, el primer productor de Estados Unidos, correspondientes al tercer trimestre de su año fiscal. Eso sí, el ejecutivo, que en 2007 fue director de la fundición de A Mariña, también indicó, a preguntas de los analistas, que la situación les está generando un “importante impacto financiero”.

En la presentación de resultados, transcrita por medios americanos, y a la pregunta de si existía un horizonte límite para alcanzar una solución para la planta gallega, Harvey respondió que “no existen fechas específicas en este momento”. El CEO de la corporación industrial insistió en que, al margen de los costes que pueda suponer la huelga, el gran agujero lo representa la factura eléctrica. “El problema fundamental es el precio de la energía en España, que se ha incrementado en este último periodo con la situación salvaje que está sucediendo en los mercados energéticos dentro de Europa”, afirmó.

“El precio de la energía en España, antes de que nos encontrásemos con esta crisis, ha superado con creces lo que están experimentando otras fundiciones mundiales”, manifestó, para insistir en que la compañía ha tratado de llegar a un acuerdo con el Gobierno que le permita “abordar este problema subyacente, que es que San Cibrao no es competitiva”.

De la huelga a la factura eléctrica

En la nota de prensa remitida a los medios, la multinacional puso cifras al golpe financiero que le supone huelga que atraviesa la planta. Alcoa señala que, bloqueados los envíos de aluminio, el próximo trimestre prevé dejar de comercializar unas 52.000 toneladas métricas si se mantiene el paro. El impacto previsto entre los meses de octubre y diciembre por esta situación rondará los 90 millones de dólares, algo más de 77 millones de euros.

No obstante, a este respecto, el número dos de la compañía, William Oplinger, insistió en que, más allá del parón en la producción, el verdadero problema económico reside en los precios energéticos. “Es una combinación de dos factores. Una es la huelga, pero eso tienen un impacto menor en las ganancias. El factor más importante aquí son los costes de la energía”, aclaró, para hablar de un coste “entre 200 y 210 euros por megavatio hora en España”.

Pendientes del Supremo

También recordó Harvey que la compañía está pendiente de la resolución del recurso que interpuso contra la decisión de la sala de lo social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de declarar nulo el ERE para más de medio millar que trabajadores que los americanos pretendían aplicar en San Cibrao. El Supremo ha fijado el 20 de octubre para dirimir sobre el recurso en contra de la anulación del expediente laboral.

“Ahora estamos en medio de un recurso de apelación a la decisión que se tomó en los tribunales gallegos. Por todo eso hay muy poca especificidad sobre cuándo se va a resolver la situación de San Cibrao, pero está en nuestras mentes”, indicó, para conceder: “Evidentemente, se trata de un impacto financiero muy importante”.

Con todo, como corporación, Alcoa volvió este último trimestre a presentar resultados récord, impulsada por el espectacular crecimiento de los precios del aluminio, que no alcanzaban valores similares desde hace 13 años.

El papel de la SEPI

La compañía registró un beneficio neto de 337 millones (290 millones de euros) entre julio y septiembre, frente a las pérdidas de 49 millones de dólares (42 millones de euros) contabilizadas en el mismo trimestre del año pasado. El grupo repartirá este noviembre un dividendo trimestral de 0,10 dólares por acción y lanzará un plan de recompra de acciones de 500 millones de dólares.

Mientras tanto, los trabajadores de Alcoa insisten en que la solución que, en este momento, garantiza un futuro para la compañía es la intervención por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), una opción que ha sido desechada por el Ejecutivo central.