El interventor no puede con las cuentas de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil

El lío contable de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil continúa. La Intervención General del Estado ha vuelto a rechazar emitir una opinión de auditoría al ser incapaz de comprobar el balance contable que presentó el organismo presidido por Francisco Marín Muñoz, que cerró 2015 con un resultado económico patrimonial negativo de 156,5 millones debido a las cesiones de activos a los ayuntamientos.

La intervención zanja su análisis contable especificando que no ha podido obtener «una evidencia que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría. En consecuencia, no expresamos una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas».

El eterno inventariado de bienes

El motivo que está frustrando los análisis de auditoría desde la misma constitución de la Confederación Hidrográfica es la elaboración del inventariado de bienes englobados en el organismo, tarea que se inició en 2015 pero que sigue inconcluso, dejando en el aire una buena parte del activo.

El interventor explica que, en el balance de situación a 31 de diciembre de 2015, «el activo asciende a 100 millones, correspondiendo 13.4 millones al inmovilizado no inventariado y 67,4 millones a las existencias, representando dichos importes un 64,91 % del activo total».

El trabajo de auditoría no ha podido «comprobar la existencia y correcta valoración de dichos bienes y de su amortización acumulada, ni aplicar métodos alternativos de auditoría para obtener evidencia suficiente que permita eliminar esta limitación al alcance», explica la intervención.

El canon eléctrico

Tampoco fue capaz el interventor de verificar los ingresos derivados del canon por producción de energía eléctrica en aguas de la demarcación, actividad de gran impacto en Galicia por los aprovechamientos ubicados en el Sil y el Miño.

El importe total de la recaudación por el canon, según las cuentas anuales, ingresado al organismo ascendió a 121.9 millones, anotándose un 2% a la Confederación Hidrográfica como recurso propio y un 98% como ingresos del Tesoro.

«A fecha actual la Confedración Hidrográfica Miño-Sil no dispone de la información suficiente y adecuada, que deberían haber facilitado los distintos obligados a ello según establece el artículo 5 del Real Decreto 198/2015, para comprobar la correcta determinación del canon autoliquidado por los concesionarios, pese a que el Organismo ha realizado acciones tendentes a ello», dice el interventor.

Irregularidades

Estos serían los dos principales problemas detectados por la intervención a la hora de chequear los números, si bien dedica varios párrafos más a enumerar irregularidades.

Por ejemplo, que la Confederación Hidrográfica financió tres obras por importe conjunto de 75.290 euros sin suscribir un convenio previo con los ayuntamientos donde se realizó la actuación, como obliga la Ley de Aguas.

También destaca que las cuentas se formularon fuera del plazo legal, el 27 de abril de 2016 cuando la fecha límite vence el primer trimestre del año.

La intervención detecta un exceso de coste en plantilla de 68.230 euros, incumpliéndose la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 que prohibía incrementar el gasto por retribuciones a la plantilla.

Finalmente, se reprocha a la Confederación Hidrográfica Miños-Sil que no haya aplicado el Sistema de Contabilidad Analítica Normalizada para Organizaciones de la Administración (CANOA), que es el establecido para la información de costes por actividades, y que no presente información sobre los indicadores de gestión, a lo que está obligada desde 2014.