El indulto del Gobierno permite acortar a la mitad los plazos para legalizar Reganosa

El Gobierno quiere que la planta de Reganosa en Mugardos vuelva a ser legal lo antes posible para no comprometer el suministro de gas en el noroeste peninsular. Por este motivo, además de eximir a la empresa del trámite de evaluación de impacto ambiental en sus proyectos, el Consejo de Ministros acordó en su reunión del pasado viernes otras disposiciones para reducir los plazos de todo el procedimiento a la mitad.

Así, el Ejecutivo en funciones decidió aplicar la tramitación de urgencia a la solicitud de autorización administrativa previa y del proyecto de ejecución de la planta, presentadas por la empresa la semana pasada, así como la tramitación acumulada de ambos expedientes.

Excepción a la norma

La decisión del Gobierno ha sido duramente criticada desde los diferentes partidos de la oposición, así como desde numerosos colectivos sociales. No obstante, el Ejecutivo en funciones se escuda en que el funcionamiento de la citada planta es necesario para garantizar el suministro, no solo en el sistema gasista español, sino también en el sistema gasista portugués, para aplicar una excepción a la norma.

Se basa para esta afirmación en los informes del Gestor Técnico del Sistema gasista y de las direcciones generales de Tráfico, Protección Civil y Emergencias y Transporte Terrestre, que concluyen que su paralización «comprometería la continuidad y seguridad del suministro de gas natural, el cumplimiento de las obligaciones internacionales a que España queda sujeta y, a mayor abundamiento, determinaría un incremento sustancial de la circulación de camiones cisterna por la red viaria nacional, al que sería inherente la generación de un patente riesgo para las personas y bienes».

Recurso judicial

Una de esas voces críticas es el viceportavoz de AGE en el Parlamento gallego, Antón Sánchez, que este domingo ha anunciado que su formación propondrá que la Xunta presente un recurso contencioso-administrativo contra lo que consideran una decisión «mafiosa» del Gobierno o que, en su defecto, interponga un «requerimiento previo a la vía judicial» contra la resolución.

Sánchez denuncia que el acuerdo tomado en el Consejo de Ministros del pasado viernes incumple la legislación, que no contempla como excepciones casos como los de una planta regasificadora, e insiste en recordar que las autorizaciones de esta planta fueron anuladas «por sentencias firmes del Tribunal Supremo».