El golpe a Alu Ibérica dinamita la estrategia de Alcoa para abandonar España

La venta de las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés ha acabado en un operativo judicial con más de un centenar de policías desplegados por cinco comunidades por orden de la Audiencia Nacional y con el objetivo de encontrar pruebas de fraude y daño patrimonial. El aparentemente meticuloso proceso de venta con el que la multinacional norteamericana traspasó las factorías, tutelado por el Ministerio de Industria, queda en entredicho justo cuando la compañía negocia con la Sepi la venta de la planta de aluminio de Lugo, el penúltimo activo que le quedaría en España de los 13 centros de producción con los que llegó a contar.

Las sospechas sobre los procesos de venta de Alcoa no son nuevas. Los trabajadores de San Cibrao ya consiguieron tumbar el ERE para 534 operarios apelando a la “mala fe” de la compañía en las negociaciones con la propia plantilla durante el periodo de consultas y con Liberty, el grupo que quiso comprar la planta. La jueza María Tardón alude precisamente a este lance para justificar la investigación a Alu Ibérica, al entender que A Coruña y Avilés se vendieron “en un proceso paralelo y similar” al anulado en Lugo, cuyo único objetivo, concluyó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, era “apagar las cubas electrolíticas para cerrar la fábrica de la manera más rentable posible”, señala la jueza en el auto con el que admitió a trámite la querella de los sindicatos.

Los cierres de Alcoa acaban en fiasco

La propia querella denuncia que Alcoa “presentó como posibles compradores a las entidades Parter Capital Group y Grupo Industrial Riesgo, y excluyó a competidoras con proyección internacional: Liberty, Quantum, Aludium y Cunext, que a lo largo del primer semestre de 2019 habían sido presentadas por el Ministerio de Industria”. Un argumento similar habían esgrimido los trabajadores de San Cibrao, incluso la autoridad laboral, al interpretar que Alcoa pretendía evitar la venta de la planta a un competidor como Liberty.

El enredo judicial no solo pone en duda la eficacia de la multinacional aluminera a la hora de elegir compradores, sino también los criterios que ha defendido hasta ahora, principalmente el de garantizar la continuidad de la actividad industrial en las factorías poniendo dinero si hace falta, como así hizo en A Coruña y Avilés. Si este era el objetivo cuando traspasó las plantas al fondo suizo Parter, este jueves parecía más lejos que nunca de cumplirse.

Alcoa recuerda que el Gobierno avaló la venta

El asunto se torció en abril del año pasado, apenas nueve meses después del traspaso de las factorías al fondo Parter, que decidió revender las plantas a Grupo Industrial Riesgo, uno de los candidatos que Alcoa había rechazado. La multinacional reaccionó airada y aseguró que desconocía tal operación hasta el día que se anunció, procediendo a bloquear los pagos de las ayudas comprometidas para las factorías, en conjunto, unos 70 millones de dólares, sin contar los costes laborales. Posteriormente los desbloqueó al comprometerse Parter y Riesgo a cumplir el acuerdo de venta, pero meses después acabó denunciando al fondo suizo en un litigio que está pendiente de resolverse.

Este jueves, mientras la UDEF buscaba documentos incriminatorios en once domicilios, entre ellos los de su antiguo grupo industrial, Alcoa se desvinculó de Riesgo y recordó que la venta a Parter “fue avalada por el Gobierno español y apoyada por los representantes de los trabajadores». También expresó su “cooperación con las autoridades” durante la operación judicial.

¿Y quién es Grupo Industrial Riesgo?

Es una de las incógnitas que pretende desvelar la jueza María Tardón. El administrador único de Alu Ibérica es System Capital Management, una sociedad creada en Madrid en 2020 para controlar las factorías y que recientemente ha cambiado de nombre a Iberian Green Aluminum Company.

El administrador único, Luis Losada Gómez, tiene el mismo cargo en una sociedad creada en Málaga en 2019, PM MR 1886 SL, cuyo único accionista es el teórico propietario de Alu Ibérica, Víctor Rubén Domenech. Sin embargo, Grupo Industrial Riesgo, que no consta en el Registro Mercantil como entidad jurídica, asegura en su página web que “cuenta con un grupo exclusivo y reducido de inversores”, incluido capital riesgo.

Según informó el diario asturiano La Nueva España, Domenech ha sido investigado por estafa en varios supuestos, delito contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, delito contra la propiedad industrial, falsedad en documento público y estancia irregular en España durante su trayectoria empresarial, aunque nunca fue condenado.

Ahora, la Audiencia Nacional busca pruebas de una posible “despatrimonialización fraudulenta” de las plantas de A Coruña y Avilés, otrora referentes industriales del norte peninsular. Por el momento se han practicado tres detenciones, dos en Madrid y una en Málaga.