El Gobierno tumba la ‘alfombra roja’ para Alcoa por discriminatoria
Industria rechaza la demanda de Galicia de incluir la figura del consumidor hiperelectrointensivo en el estatuto ya que lo considera “demasiado selectivo”
El próximo jueves finaliza en periodo estipulado por el Gobierno de Pedro Sánchez para presentar alegaciones a su proyecto de Estatuto para el Consumidor Electrointensivo, que está llamado a regular el precio de la energía de la gran industria y, por tanto, evitar la deslocalización de empresas. No obstante, el texto presentado la semana pasada ha recibido fuertes críticas por parte del sector, que lo considera insuficiente. En Galicia, tanto Xunta como comité de empresa de Alcoa solicitan cambios para que el decreto definitivo tenga en cuenta la figura del consumidor hiperelectrointensivo. La intención del Gobierno gallego es que, por medio de esta, el Ejecutivo central recoja las necesidades específicas de las grandes empresas como Alcoa que, según su plantilla, representa el 1% del consumo eléctrico nacional. La comunidad demanda una suerte de ‘alfombra roja’ para la aluminera lucense y no comparte que tenga el mismo tratamiento que empresas con una demanda eléctrica mucho menor. No obstante, la reivindicación, que cada día que pasa gana más peso, ya fue desechada con anterioridad por el Ministerio de Industria, al considerarla “demasiado selectiva”.
De hecho, el proyecto de estatuto hecho público la semana pasada por el departamento de Reyes Maroto enumera las alegaciones ya presentadas al anterior borrador hace casi un año, entre el 18 y el 27 de marzo de 2019. Fueron 48 alegaciones de distintos colectivos, entre sindicatos, empresas, gobiernos autonómicos y partidos políticos y, en varias de ellas (todas rechazadas), se solicitaba la inclusión en el estatuto de la figura particular del consumidor hiperlectrointensivo, así como se proponían una serie de requisitos para identificar a estas industrias, que tendrían un tratamiento fiscal especial debido a su consideración como grandes demandantes eléctricos.
Problemática «territorial e intersectorial»
Según explica Industria, en la anterior fase de alegaciones “había diversas solicitudes relativas al consumo anual mínimo” que debe tener una empresa que se beneficie del estatuto. Entre las propuestas rechazadas existían varias que apostaban por elevar el umbral de consumo de una empresa a 100 GWh “o bien con carácter general, o bien para consumidores hiperelectrointensivos”, de forma que la figura del gran consumidor quedase categorizada. La propuesta fue considerada “demasiado selectiva” por el ministerio, que no aboga por las distinciones entre empresas. Otra de las alegaciones a este respecto pasaba por limitar el umbral de consumo mínimo a más de 45 GWh al año en la península. De nuevo, y según se especifica en el proyecto, el Gobierno entendió que daría lugar a discriminaciones. «No parece apropiado por selectividad territorial e intersectorial”, apuntó.
De hecho, Industria no sólo desestimó estas alegaciones, sino que siguió el camino contrario. Si bien las reclamaciones presentadas en 2019 pedían una consideración y regulación específica para los grandes consumidores como Alcoa (según su comité de empresa consume 3,5 millones de megavatios al año), el proyecto presentado la pasada semana rebaja con mucho los requisitos que una empresa debe cumplir para ser considerada electrointensiva y, por tanto, poder acogerse al futuro Decreto Ley. Es decir, el Ejecutivo central no hace distinciones con las grandes consumidoras, como Alcoa o las siderúrgicas de Asturias y Cantabria, sino que amplía de forma considerable el número de compañías que pueden optar a las ayudas que brinda el estatuto eléctrico.
Requisitos más blandos para ser «electrointensivo»
La propuesta actual especifica que un consumidor electrointensivo es toda aquella empresa que, perteneciente a sectores industriales beneficiarios de ayudas en materia de energía y clima, tiene un consumo mínimo de 1GW hora al año y, al menos, el 50% del consumo en hora valle. En total, 612 empresas en todo el territorio español.
Este hecho ha sido criticado tanto por el Gobierno de la Xunta como por los sindicatos. El presidente, Alberto Núñez Feijóo, indicaba este lunes, en el marco de una reunión con los trabajadores de Alcoa San Cibrao, que el proyecto de estatuto electrointensivo “pone menos dinero del que había y lo reparte entre muchas más empresas”. «Antes había 119 empresas beneficiarias y ahora son 600 y, qué curioso, más de 450 firmas que van a tener la posibilidad de ver disminuidos los precios de la luz son vascas y catalanas«, señaló el mandatario, que insistió en “desarrollar una política fiscal que grave con menos impuestos la energía que consumen las empresas hiperelectrointensivas”.
Figura ya regulada por la UE
En similares términos se manifesta el sindicato CCOO, que ya ha presentado de forma pública sus alegaciones. “Este estatuto no da solución a las empresas que realmente acreditan una elevada intensidad de consumo. Es necesario establecer la figura del consumidor hiperelectrointensivo, con unas condiciones específicas derivadas de su alto coste energético en los procesos productivos”.
Tanto Xunta como sindicatos insisten en que la figura del consumidor hiperelectrointensivo que puede salvar a Alcoa está “regulada y aprobada por la UE en otros países, como es el caso de Francia”.
Una alegación complicada
Otra de las propuestas que también se realizaron en el pasado con el objetivo de diferenciar a los consumidores hiperelectroinsivos pasaba por elevar el umbral de porcentaje de consumo exigido en horas valle al 55%. La propuesta fue rechazada, del mismo modo, incluso, que la propia definición para Alcoa. «En muchas respuestas consideran que, aunque no se utilice inicialmente, en la norma debería quedar ya regulada una diferenciación por categorías de electrointensividad, distinguiendo al menos entre electrointensivos e hiperelectrointensivos. No se ha incluido esa diferenciación«, recoge el proyecto de estatuto, que puede consultarse en la página web del Ministerio de Industria.
A tenor de lo expuesto por el Ejecutivo, parece complicado que, en esta ocasión, y a pesar de las solicitudes, se vayan a tener en cuenta las alegaciones que demandan un trato específico para Alcoa en base a su ingente demanda eléctrica. No obstante, el Gobierno gallego prepara una ofensiva. El presidente de la Xunta anunció este lunes que pretende conformar un frente común junto con Asturias y Cantabria. Las tres comunidades, con empresas afectadas por la tarifa eléctrica, presentaron alegaciones al borrador de estatuto presentado ya en 2019. De nuevo, las tres han anunciado que volverán a hacerlo.
Compensaciones de costes por emisiones de CO2
Otra de las reivindicaciones que se hacen al proyecto de estatuto del Gobierno de Sánchez es la necesidad de que eleve hasta el máximo autorizado por la UE las ayudas de compensación de costes por emisiones indirectas de CO2 hasta llegar al 20% de lo recaudado. Comisiones Obreras indica que ese reconocimiento «permitiría disponer de una partida presupuestaria anual superior a los 200 millones de euros«.
De nuevo, esa demanda ya estaba presente (y ya fue rechazada) en el borrador de estatuto de 2019 (el que fue tumbado por Competencia). Entonces, el Gobierno argumentó que «las cuantías de los Presupuestos Generales del Estado no se fijan» según la normativa europea, sino según la disponibilidad de crédito. En aquella altura también se solicitó que se estableciese legalmente que el 25% de los ingresos generados con las subastas de CO2 se destinasen a compensar a las empresas electrointensivas. En este caso, el ministerio indicó que no tenía competencia para habilitar esa norma, que «necesitaría de rango legal«.
Las tres patas del estatuto
A grandes trazos, el documento que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene ahora en fase de exposición pública y espera tramitar de forma urgente para aprobarlo en el mes de marzo, apuesta por abaratar la factura de la gran industria mediante una compensación los cargos en su factura eléctrica destinados a financiar las renovables, cogeneración de alta eficiencia y el extracoste de territorios no peninsulares que ascenderá a 92 millones de euros, además de las ayudas por emisiones de CO2, que el año pasado ascendieron a 172 millones de euros. La tercera pata sobre la que se asienta el estatuto está basada en el establecimiento de un mecanismo de cobertura de acuerdos de compraventa de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés) entre industrias y generadores eléctricos renovables. El Gobierno dará garantía a estos contratos (de un mínimo de cinco años) a través del fondo estatal CESCE.
