El Gobierno se cubre las espaldas: contratará a una empresa externa para vigilar a Alcoa

El Gobierno quiere contratar a una empresa externa para vigilar el cumplimiento del acuerdo con Alcoa para la reactivación de la fábrica lucense de San Cibrao. La factoría ha apagado las cubas de electrolisis, la principal fuente de consumo eléctrico, con el compromiso de reactivarlas en dos años y acometer inversiones que garanticen el futuro del complejo industrial, el último que fabrica, o más bien fabricaba, aluminio primario en España. La multinacional norteamericana ha reservado 103 millones de dólares (unos 90 millones de euros) para esta tarea, una parte de los cuales serán necesarios solamente para volver a arrancar las cubas.

El acuerdo tiene más puntos relevantes, como el compromiso de no realizar despidos colectivos, de garantizar los ingresos de los trabajadores o de buscar acuerdos bilaterales para el suministro de energía (PPA). Para verificar que se cumplen, el Ministerio de Industria tiene la intención de contratar a una asesoría técnica especializada que vigile el desarrollo del pacto más allá de la mesa de seguimiento que conforman empresa, administraciones y trabajadores.

Precisamente, fue en la segunda reunión de la mesa celebrada este jueves cuando Industria comunicó a los representantes de la plantilla que tiene intención de realizar esta externalización. El comité de empresa es favorable a contar con un asesor externo que vigile el cumplimiento del acuerdo, pero advirtió que es necesario «dejar claro a las contratas de Alcoa que no pueden despedir a nadie o no tendrán apoyo económico».

La decisión de Industria llega después de que la última venta de Alcoa, las plantas de A Coruña y Avilés, terminara de la peor manera. Los nuevos propietarios están investigados en la Audiencia Nacional por desviar fondos de las factorías. La empresa está en concurso de acreedores y el Gobierno busca con urgencia un comprador que evite la liquidación.

Ayudas: 34 millones en el aire

En el encuentro participaron representantes del Ministerio de Industria y de Transición Ecológica; la directora xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais de la Xunta, Paula Uría y la subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez. Industria trasladó a los trabajadores que Alcoa debe devolver las ayudas recibidas por CO2 al incumplir los requisitos de actividad y empleo que establecen las compensaciones.

Aunque no detallaron la cifra, la propia multinacional comunicó tiempo atrás al mercado que estaban en disputa 34 millones recibidos por los derechos de emisión de CO2 que el Gobierno reclamaba que devolviera. Alcoa presentó un recurso de apelación. El Ejecutivo reconoció este jueves que hay procesos judiciales abiertos.

Curiosamente, lo que el Gobierno reclama por un lado, Reyes Maroto lo devuelve por el otro. El Ministerio de Industria volvió a abrir la puerta a que Alcoa reciba ayudas públicas para desarrollar su nuevo proyecto en San Cibrao. Maroto, en una visita a Galicia el 30 de diciembre, detalló que la inversión de la compañía en Lugo le permitiría, no solo acceder a las ayudas por CO2, sino también a las líneas de apoyo a la inversión productiva o, incluso, a los fondos europeos.

El precio eléctrico

El otro compromiso de las administraciones para impulsar la reactivación de la planta tiene que ver con el coste energético. Alcoa frena la actividad en la factoría por el alto coste de la energía y con la expectativa de que baje en dos años. Además, está negociando acuerdos de suministro a largo plazo con distintos operadores, como Greenalia o Capital Energy.

Sin embargo, estos acuerdos dependen de que las empresas puedan desarrollar y poner en marcha sus proyectos renovables, básicamente, parques eólicos. Tanto la Xunta como el Gobierno se han comprometido a agilizar lo máximo posible la tramitación.