El Gobierno promete ofertas por Alcoa para sofocar otra revuelta
El plan de ayudas para salvar las plantas de A Coruña y Avilés se aplaza hasta después de las elecciones y los trabajadores hablan de “traición”
Un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha fulminado el calendario que había planteado el Gobierno para aprobar el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, la batería de ayudas a la industria que debería facilitar una solución para las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés. Estaba previsto que el Ejecutivo aprobase este viernes el texto definitivo, después de que el borrador fuera muy cuestionado por la propia industria. Sin embargo, no será así.
El consejero asturiano de Industria, Isaac Pola, dio la voz de alarma al explicar que los procedimientos adicionales reclamados por Competencia frenarán el estatuto hasta después de las elecciones, por lo que dependerá del nuevo Gobierno que surja de ellas. En este escenario, lo más probable es que la venta de Alcoa, que tiene como fecha límite el 30 de junio, se cierre o no sin conocer el marco energético en el que deberá operar el comprador.
El Gobierno asegura que hay ofertas por Alcoa
La noticia ha sentado como un jarro de agua fría entre los trabajadores, que este jueves hablaban directamente de una “traición”. El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, se reunió con el comité de empresa de A Coruña para intentar trasladarles tranquilidad ante tan insólita situación, pues desde hace tiempo se considera que el estatuto es la piedra angular sobre la que asentar la venta de Alcoa.
Losada justificó el retraso para dar «una estabilidad a largo plazo» a los inversores interesados, remarcando que ya hay “ofertas concretas” sobre la mesa. Delia Losa, la delegada del Gobierno en Asturias, hizo una consideración parecida, alegando que el fiasco con el estatuto no va a condicionar la venta de Alcoa. De hecho, sostuvo que el estatuto no es necesario para este cometido y que hay tres empresas interesadas en la planta avilesina.
Losada remarcó que el estatuto ha recibido medio centenar de alegaciones de sindicatos y gobierno autonómicos, de las cuales se han introducido «la mayoría» de las peticiones, pero es necesario «reevaluar» el estatuto tras las recomendaciones de Competencia en relación con la «libre competencia» y aspectos técnicos para «conseguir la máxima seguridad jurídica».
Enfado de los trabajadores de Alcoa
Las explicaciones no convencieron a los trabajadores de Alcoa. Los secretarios generales de UGT, CCOO y USO en Asturias, que dijeron estar decepcionados y consideraron un “engaño” y una “falta de respeto” la posición del Gobierno.
Los más contundentes fueron los responsables de Industria de CC.OO. y UGT, Damián Manzano y Jenaro Martínez, al calificar de «traición» el giro inesperado en un compromiso adquirido varias veces por el Gobierno para aprobar antes de las elecciones un Estatuto que diera estabilidad a la industria electrointensiva, especialmente ante la «urgencia» de la situación de Alcoa.
En esta misma línea se pronunciaron Luis Villares y Ana Pontón. El portavoz de En Marea calificó de “escándalo mayúsculo” la negativa del Gobierno a aprobar las ayudas a la electrointensiva y aseguró que era una prueba de que “el PSOE y el PP están concertados contra los intereses de las mayorías sociales, de los consumidores y de la industria electrointensiva y sus puestos de trabajo».
La portavoz nacional del BNG dijo que se trataba de una noticia “pésima” para Galicia, “donde comprobamos de nuevo los problemas que tiene nuestro país, que para las fuerzas estatales son secundarias». Pontón se preguntó como siendo un territorio «excedentario de en producción» tiene «puestos de trabajo en riesgo» por culpa del precio de la energía.
