El Gobierno promete bajar la factura de Alcoa un 20% tras el 10N
El ejecutivo de Pedro Sánchez asegura que el Estatuto de las Electrointensivas será fundamental para que en A Coruña se reactive la producción de aluminio
De nuevo, la solución para los grandes consumidores eléctricos se ve pospuesta. El gobierno en funciones asegura que la entrada en vigor del Estatuto del Consumidor Electrointensivo podría rebajar el precio de la energía para la gran industria en cerca de un 20%, algo que daría oxígeno a empresas del sector radicadas en Galicia como es el caso de Alcoa, Aluiberia, Megasa o Celsa, entre otras. Sin embargo, la normativa no podrá salir adelante en ningún caso sin que antes se constituya un ejecutivo “en plenas facultades”.
Así lo reconoce el propio gobierno de Pedro Sánchez en una respuesta parlamentaria a la diputada de Unidas Podemos Yolanda Díaz. En la misma, justifica no haber aprobado vía decreto el contenido de este estatuto puesto que, sin estar plenamente en funciones, «no se ajustaría a derecho».
Estatuto sin aprobar
La figura de consumidor electrointensivo se estableció en el decreto ley aprobado el pasado mes de diciembre, con diferentes medidas en favor de la industria, pero se encuentra a expensas de su desarrollo reglamentario. Entre las medidas que baraja el Gobierno en funciones para abaratar la electricidad a la gran industria se encuentran un mecanismo para compensar los costes de la financiación a la energía renovable, y una herramienta para fomentar la contratación de energía eléctrica a largo plazo, a través de la figura de los llamados PPAs (‘Power Purchase Agreement’ o Acuerdo de Compra de Energía), que contarán con una garantía pública de los riesgos derivados de dicha contratación.
«Con las medidas contempladas en el Estatuto, y una vez que todas ellas entren en vigor, se espera una reducción del coste de la energía para la industria electrointensiva del entorno del 20% sobre los precios finales actuales», señala el gobierno en su respuesta.
Producción de aluminio
Esta esperada reducción de costes, asegura el Gobierno en su respuesta, «contribuirá de manera decisiva, entre otras cosas, al reinicio de la producción de aluminio primario en las factorías de Avilés y A Coruña», plantas que cuya venta cerró Alcoa el pasado 31 de julio al fondo suizo Parter Capital.
En su respuesta, fechada el pasado 11 de septiembre, el Ejecutivo en funciones justifica el parón en la actividad en estas fábricas ante los costes energéticos que conlleva y la necesidad de acometer inversiones de mejora tecnológica.
«El escenario de elevados precios que este insumo ha experimentado en los últimos años, así como la ausencia de inversiones en mejora tecnológica por parte de Alcoa, hace que no sea viable, a día de hoy, la producción de aluminio primario en las plantas de Avilés y A Coruña», señala el Gobierno en funciones en su respuesta.
