El Gobierno prevé un rebote de ventas del 23% en Navantia por el boom de las F-110 de Ferrol
La presidenta de la SEPI calcula que Navantia cerrará el ejercicio 2023 con casi 1.700 millones de facturación por el impulso de las fragatas de Ferrol, así como por sus pedidos relacionados con energías renovables
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) desvela sus previsiones de resultados para Navantia. Su presidenta, Belén Gualda, ha participado este miércoles ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados para explicar las cuentas del ente público.
Según sus estimaciones, Tragsa y Navantia concentrarán el 88% de la cifra de negocio de la SEPI en 2023. La facturación de la empresa naval pública se disparará un 23%, hasta alcanzar los 1.673 millones, una subida que ha justificado por el aumento presupuestario en Defensa y el avance de programas como las cinco fragatas F-110 que construye en Ferrol.
El BAM IS de Puerto Real, la patrullera para Marruecos y el submarino S-80 de Cartagena, así como su negocio en energías renovables serán otras de las palancas de la compañía.
Este empujón de Navantia, que ingresará un 42% que Tragsa (1.181 millones de euros), permitirá que la SEPI eleve un 10% su cifra de negocio respecto a 2022. En concreto, esta ascenderá hasta los 5.757 millones de euros, lo que permitirá situar el beneficio de la SEPI en los 120 millones de euros, una cifra, no obstante, inferior a los 159 millones cosechados en 2021.
Situación «compleja en Correos»
La SEPI, que apunta a unas ganancias por valor de 9,1 millones de euros al término de este 2022, ha reconocido que la situación en otras empresas bajo su órbita, como Correos, es «compleja». Gualda ha puesto en valor la reducción en 75 millones de sus pérdidas y el repunte de ingresos de 2.106 millones de euros en 2022 a 2.223 millones previsto en 2023.
Además, la presidenta de la SEPI ha subrayado su apuesta por el servicio postal universal «de mano de la parte social», confiando en la recuperación de los servicios de paquetería y en el crecimiento de nuevos negocios como la logística o las oficinas en las zonas más afectadas por la despoblación.
De Indra al fondo de rescate
Por otro lado, Gualda no ha aclarado a preguntas del diputado de Vox, Víctor González Coello de Portugal, si conocía de antemano la intención de votar el cese de cuatro consejeros independientes que no respaldaban una mayor implicación del Estado en Indra, apoyándose para ello en el fondo Amber y el grupo SAPA.
Gualda ha limitado su respuesta a asegurar que «SEPI respeta y promueve el buen gobierno corporativo» en todas las empresas en las que participa, que «ha seguido el mismo procedimiento que sigue siempre para su participación en las decisiones de gobierno corporativo» y que a la hora de tomar decisiones y ejercer sus derechos políticos lo hace «siempre velando por el interés general de la compañía, y no particulares».
Por otro lado, Gualda ha certificado que todas las empresas asistidas por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas están cumpliendo sus planes de viabilidad y calendarios de pagos acordados, y que no existe ninguna desviación que active los mecanismos previstos en caso de incumplimiento.
Preguntada por su valoración de este fondo de rescate, Gualda ha defendido que desde su puesta en marcha en 2020 ha recibido 73 solicitudes por valor de 5.392 millones de euros, desarrollándose 30 intervenciones por 3.255,8 millones, el 60% del importe solicitado.
Las empresas intervenidas emplean a 62.000 personas y facturan cada año más de 20.000 millones de euros y, dado que estos fondos permiten el mantenimiento de la actividad -las empresas no habrían podido mantener su actividad sin estos recursos, ha dicho- celebra haber «logrado salvar» este volumen de actividad y puestos de trabajo.