El Gobierno prepara una lluvia de millones para Audasa que frene la subida de peajes en la AP-9

El Gobierno tirará de chequera para evitar una histórica subida de peajes. Y también para saldar cuentas con Audasa por las obras que acometió la concesionaria en la AP-9, la principal autopista de Galicia. El Ministerio de Transportes plantea destinar 800 millones de euros para pagar deuda de tres concesionarias de autopistas. Una de ellas es Itínere, precisamente, por las inversiones que acometió su filial Audasa en la vía que una Ferrol con la frontera portuguesa. Las otras dos son Abertis, en la AP-6; y el fondo Vauban, que controla la AP-46.

El departamento que dirige Raquel Sánchez quiere mitigar el pago de intereses por la deuda que mantiene con las concesionarias y, de paso, frenar la escalada de tarifas para unos usuarios ya castigados por la inflación. Según avanza este miércoles CincoDias, la propuesta partió del propio Ministerio y las empresas ven con buenos ojos la inyección de liquidez.

Las obras realizadas por Audasa influyen directamente en los peajes ya que el acuerdo con el Gobierno le permite actualizar tarifas al alza para compensar las inversiones que realizó en la ampliación de Rande y la circunvalación de Santiago. El Ejecutivo ya puso en marcha el año pasado un sistema de bonificaciones en la autopista que evitaba este incremento adicional, pero los precios continúan siendo elevadísimos.

Rebajar la subida a un 4%

El segundo frente que tiene abierto el Ejecutivo es el de la inflación. La actualización de tarifas para el próximo año en las carreteras se sitúa por encima del 8%, en base al aumento del IPC hasta noviembre. Esta es la fórmula habitual para establecer los precios anualmente, pero la situación inflacionista eleva los peajes a cotas impensables años atrás.

La solución, que esta también en proceso de negociación, pasaría por ofrecer compensaciones a las concesionarias a cambio de no aplicar la totalidad del IPC. Según el Economista, Transporte pretende que las tarifas se encarezcan un máximo de un 4%. Es realmente el Ejecutivo, con autorización del Ministerio de Hacienda y del Consejo de Ministros, quien aprueba los nuevos precios, pero las concesionarias tienen derecho a ser compensadas si se produce un desequilibrio. Por este motivo, el Gobierno está abocado a rascarse el bolsillo o alargar las concesiones.