El Gobierno pide a Alcoa que elija comprador y negocie la venta de San Cibrao
El Ministerio de Industria remite una carta al presidente de Alcoa en España en la que insta a la multinacional "a tomar la iniciativa de la venta estableciendo contacto directo con los inversores y constatando su solvencia"
Trabajadores de Alcoa en Lugo durante las protestas realizadas en 2020. Foto: EFE/Eliseo Trigo
Nueva vuelta de tuerca en las negociaciones entre Alcoa y el Gobierno por el futuro de la planta de San Cibrao. Este miércoles, el Ministerio de Industria remitió una misiva a la compañía y a la plantilla (algo que evitó que se retomase la convocatoria de huelga) en la que asegura que, ahora, debe ser la multinacional del aluminio la que “tome la iniciativa de la venta estableciendo un contacto directo con los inversores interesados, constatando su solvencia y su perfil industrial”.
La misiva, a la que ha tenido acceso este medio, se dirige a Álvaro Dorado, el presidente de Alcoa en España. La intención de esta comunicación es la de «aclarar por escrito» la posición de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en relación con la «posible venta por parte de Alcoa de su negocio de aluminio primario y fundición de aluminio», y en contestación a la carta remitida a su vez por la empresa el pasado 28 de abril.
Cambio en el plan marcado
El Gobierno semeja modificar las reglas de juego marcadas. Hasta ahora, el plan establecido era que el Ejecutivo adquiriría la planta de San Cibrao a Alcoa a través de la SEPI, para, posteriormente, traspasarla a un tercero, Liberty House, del conglomerado británico GFG.
No obstante, ahora, Industria insta a Alcoa “a acometer el proceso de venta facilitando toda la información necesaria a los potenciales compradores para que puedan emitir ofertas vinculantes viables que garanticen la actividad de las plantas y el mantenimiento del empleo».
El papel de la SEPI
«SEPI, como instrumento del Gobierno de España, está dispuesta a estudiar y trabajar en la propuesta de venta que Alcoa alcance con el comprador elegido», expone, dejando en manos de la empresa la negociación y decisión.
En este sentido, apunta que la SEPI «no puede aceptar la propuesta de indemnidad de Alcoa, ya que excede el marco normativo que le es aplicable, pero quiere manifestar su disposición a colaborar, como instrumento del Gobierno de España, en la creación de condiciones
