El nuevo reglamento de la Ley de Costas ha abierto otro frente entre Gobierno y empresas. El borrador elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica para reformar la normativa en busca de una mayor protección ambiental ha hecho sonar las alarmas en las patronales, que se oponen frontalmente al endurecimiento de las condiciones que rigen las concesiones y prórrogas de actividad en el litoral. De esa opinión es Anfaco-Cecopesca, la asociación con sede en Vigo que aglutina a 250 empresas del sector de la conserva, el mejillón o los congelados, entre otras.
El secretario general de la entidad, Juan Vieites, califica de “inapropiada” y “errática” la reformulación del Reglamento General de Costas, sumándose a la postura que también adoptó la Confederación de Empresarios de Galicia al alertar del riesgo que supone el nuevo texto, todavía en fase de consultas, para la continuidad de un centenar de empresas.
¿Una reforma innecesaria?
Vieites parte de la idea de que “la legislación actualmente aplicable en materia de concesiones, tanto la estatal como la contenida de un modo más particular en la legislación autonómica (pesca y puertos), no presenta ningún problema de seguridad jurídica o problemática para el sector que sea necesario abordar y menos de forma abrupta”.
Para la patronal, el Gobierno generó un problema de manera innecesaria pues, con la actual normativa, las empresas localizadas en el dominio público marítimo terrestre y en la propia zona marítima “cumplieron estrictos controles de carácter medio-ambiental, integrándose desde sus orígenes en el paisaje de nuestras costas”. “No existe, pues, impacto medioambiental ni paisajístico, ni un problema asociado a una ocupación que sea necesario replantear o que está afectada de inseguridad jurídica”, concluye Vieites.
Un problema de plazos
La propuesta del departamento que dirige Teresa Ribera establece prórrogas en cinco tramos con diversos plazos, que pueden ir de los tres años a los 75 en función de la actividad que se desarrolle y su impacto, fijando condiciones más restrictivas a las de la normativa en vigor. La mayor preocupación de las empresas está precisamente en esta parte, el artículo 135 del reglamento, pues entienden que fuerza un cambio profundo de manera brusca; que causa inseguridad jurídica; y que maneja unos plazos tan breves que hace difícilmente viable cualquier inversión.
“Supone, a efectos prácticos, una reducción radical de la duración de las concesiones, especialmente las que puedan localizarse en la ribera del mar, al restringirse a un plazo máximo de 15 años, con inclusión de las posibles prórrogas. Tal exiguo plazo no permite acometer en condiciones de viabilidad económica nuevas inversiones ni garantiza tampoco las que pudieran haberse comprometido en el pasado, al no contemplar un régimen transitorio”, explica el secretario general de Anfaco. Actualmente, las empresas pueden mantener una concesión 80 años, los 30 de la concesión en base a la ley de 1998 y otros 50 años más si lograban una prórroga extraordinaria.
Ocio y paisaje frente a la actividad económica
La patronal es dura con la propuesta del Gobierno que, a su juicio, no está fundamentada en un “criterio de sostenibilidad medioambiental sino más bien en la eliminación masiva de toda ocupación de nuestras costas concediéndoles únicamente un valor paisajístico y recreativo”.
Anfaco lamenta que no se tenga en cuenta el valor, la necesidad e incluso la dependencia que algunas industrias tienen de su emplazamiento costero, así como la importancia económica y de cohesión territorial que suponen para Galicia. “Es un proyecto de modificación totalmente inapropiado, errático y proyectado sin tener en cuenta la necesaria distinción entre las distintas actividades ubicadas en zona demanial”, concluye Vieites.
