El Gobierno fuerza la dimisión del presidente de Enresa para que no adjudique el ‘cementerio nuclear’
Gil-Ortega se había empecinado en tirar para adelante con las obras sin que el Consejo de Seguridad de Nuclear se pronunciara
El Gobierno ha forzado la dimisión del presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), Francisco Gil-Ortega, para evitar que, como había venido reiterando en los últimos meses, adjudicara las obras del ‘cementerio nuclear’, en la localidad conquense de Villar de Cañas, sin que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera el informe previo vinculante.
La dimisión de Gil-Ortega estaba cantada desde el mismo momento en que el Ejecutivo, en contra del criterio del presidente de Enresa, había decidido esperar el tiempo que fuera necesario a que el CSN emitiera el referido informe.
No a otro ‘caso Castor’
No quería el Ejecutivo, en modo alguno, que con el ‘cementerio nuclear’ se repitiera el caso del polémico ‘proyecto Castor’. El almacén de gas construido frente a las costas de Castellón que, con motivo de fuertes sacudidas sísmicas, tuvo que ser finalmente clausurado.
El cierre del almacén de gas obligó al Estado a indemnizar a la empresa concesionaria, filial de ACS, con casi 1.400 millones de euros. En el caso del Almacén Temporal Centralizado (ATC), en Villar de Cañas, el precio de licitación de las obras superaba los 272 millones de euros, y serían unos 2.800 millones los que, durante toda su vida útil, supondría la construcción, funcionamiento y desmantelamiento del almacén.
