El Gobierno deja en manos privadas los fondos públicos de formación

Los sangrantes casos de fraude en la gestión de los fondos públicos de formación, como ha ocurrido en Andalucía, están detrás del Real-Decreto-Ley El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley para la reforma urgente del sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, aprobado por el Gobierno en la reunión del Consejo de Ministros presidido por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, al estar el presidente Mariano Rajoy en la cumbre europea de Bruselas.

Lo más destacado es que los agentes sociales –empresarios y sindicatos–, hasta ahora gestores únicos de los fondos, tanto españoles como comunitarios, dejarán de serlo. Se evitará que los agentes sociales «sean juez y parte» como hasta ahora, apuntaba la ministra de Empleo, Fátima Báñez.

Adelanto máximo del 25%

Uno de los principales cambios es que el adelanto al 100% de las subvenciones directas a las empresas quedará reducido al 25% para evitar casos de fraude. Y el régimen de concesión directa sólo podrá utilizarse en supuestos excepcionales y se posibilitará un sistema de justificación por módulos.

Báñez ha insistido en que la reforma abre la gestión de los fondos de formación de oferta al 100% a la libre concurrencia. Esta medida se ha venido introduciendo progresivamente en la última oferta de formación y las ofertas se han duplicado con una reducción de costes del 20%, según la ministra.

‘Cheque-formación’

En relación con la formación para desempleados, se pondrá en marcha el «cheque-formación» para que pueda ser el desempleado quien elija la entidad de la que recibe formación, sin perjuicio del asesoramiento previo y seguimiento por parte del Servicio Público de Empleo y sujeto a los necesarios mecanismos de información y seguimiento específicos que se desarrollen para ello.

Además, la formación que no se realice en el seno de la empresa sólo podrá impartirse por entidades formativas acreditadas. Asimismo, estas entidades no podrán subcontratar con terceros la ejecución de la actividad formativa que les sea adjudicada.

Justificación por módulos

De cara a ahondar en la simplificación, se posibilitará un sistema de justificación por módulos, se racionalizará la información que se solicita a los potenciales beneficiarios y se dará estabilidad a las normas de justificación y metodologías de valoración.

A pesar de que tanto la ministra como el presidente del Gobierno, desde Bruselas, comentaban que la reforma se había logrado tras un largo e intenso diálogo con empresarios y sindicatos, estos no lo ven de la misma manera.

Sindicatos contrariados

Desde la UGT consideran que hubiera sido más deseable mantener el peso de la nueva Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, dotar de mayor capacidad a las Comisiones Paritarias para establecer criterios estatales para la formación sectorial, así como exigir mayor calidad para la formación bonificada y para la inscripción de las empresas de formación en el registro del SEPE y autonómicos.

Y desde Comisiones Obreras critican el «mero papel decorativo» que la reforma asigna a las organizaciones sindicales y empresariales como meros planificadores de los programas.