El Gobierno da luz verde a 474 nuevos megavatios renovables en Galicia
Aragón, Castilla y León y Galicia son las tres comunidades con más potencia acreditada por el Ministerio de Transición Ecológica, en su mayoría eólica
Galicia ya tiene el visto bueno del Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, para desarrollar nuevas instalaciones de renovables con una potencia conjunta de 473,5 megavatios, lo que la convierte, por detrás de Aragón y Castilla y León, en la tercera comunidad con más potencia acreditada.
En total el Gobierno ha resuelto favorablemente 86 de las 113 solicitudes remitidas por los adjudicatarios en la subasta de 3.000 megavatios celebrada en abril de 2017. En dicha subasta, el grupo aragonés Forestalia se adjudicó el mayor paquete (1.200 megavatios). Por su parte, la firma gallega Norvento fue la única empresa de la comunidad que logró potencia para sus desarrollos eólicos. En concreto, 128 megavatios.
Pero esos 128 no serán los únicos que se desarrollarán en Galicia. A estos habría que sumar los conseguidos por Gas Natural Fenosa (rebautizada como Naturgy) , Enel Green Power España –filial de Endesa– , y Gamesa, todas ellas con desarrollos de parques eólicos pendientes en la comunidad, que se adjudicaron más de 2.600 megavatios y que, posteriormente, confirmaron su voluntad de desarrollarlos en Galicia.
Megavatios en análisis
De los 3.000 MW subastados, 2.979.65 pertenecían a proyectos eólicos, 1,10 MW a soluciones fotovoltaicas y los restantes 18,83 MW a otras instalaciones renovables. Los expedientes aprobados ahora por el ministerio corresponden a 2.526 megavatios, mientras que las 27 solicitudes restantes, todavía en proceso de análisis, suman 763.
Después de que el pasado 6 de agosto concluyese el plazo para que los operadores acreditasen al Ministerio contar con una autorización administrativa para construir las instalaciones renovables, estos tienen hasta el 31 de diciembre de 2019 para levantar y poner en marcha los proyectos.
Además, la subasta también permitió a los adjudicatarios identificar posibles instalaciones hasta con un 50% más de la potencia adjudicada, ofreciendo una mayor flexibilidad durante el proceso de tramitación y permitiéndoles hacer frente a los posibles obstáculos o incidencias que pudieran surgir durante la tramitación.
