El Gobierno buscará fondos europeos para reindustrializar Meirama
Las zonas afectadas por el cierre de térmicas serán prioritarias para recibir ayudas y podrán realizar proyectos conjuntos para acceder a fondos europeos
Con toda la provisionalidad que vaticina la próxima convocatoria electoral, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó a finales de febrero el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, una normativa central para entender el futuro industrial del territorio, pero susceptible de dar un vuelco en su articulado, ya sea por las sugerencias de Bruselas o por las iniciativas del Ejecutivo que surja de los próximos comicios.
Si la vocación de la norma es adentrarse en un futuro descarbonizado, repleto de tecnología y renovables, también es cierto que incorpora medidas urgentes que afectan de lleno a Galicia. En concreto, a Meirama (A Coruña), donde Naturgy ha decidido cerrar una de las dos centrales térmicas de la comunidad para disgusto del presidente de la Xunta y de su conselleiro de Economía.
La lluvia de ayudas que prevé el Gobierno
El plan del Gobierno para la reindustrialización en las zonas afectadas por el apagón del carbón tiene dos patas, los Convenios de Transición Justa y el Plan de Acción Urgente, que convierten automáticamente a territorios como Meirama en prioritarios a la hora de captar subvenciones y ayudas que frenen el declive de su tejido económico.
De hecho, la Estrategia de Transición Justa del Ejecutivo prevé que la articulación de los convenios lleve aparejado el asesoramiento y asistencia técnica “para ventanas de financiación europea como el Fondo Social Europeo o del resto de Fondos Europeos Estructurales y de Inversión (fondo EIE), u otros instrumentos financieros comunitarios adoptados en el contexto del siguiente ciclo presupuestario post 2020”.
Para captar dinero de Bruselas el Gobierno también contempla “proyectos que puedan financiar conjuntamente las acciones de varios Convenios de Transición en diferentes regiones”. Dicho de otro modo, que Meirama y Narcea (Asturias), ambas afectadas por los cierres de Naturgy, puedan hilvanar una estrategia conjunta que opte a ayudas europeas.
Adicionalmente, los proyectos que se desarrollen en estas zonas tendrán “prioridad” a la hora de recibir ayudas y tendrán “acceso asistido” a subvenciones a empresas, proyectos de investigación, instrumentos de capital riesgo o avales.
130 millones disponibles para los convenios
El Convenio de Transición Justa no es otra casa que un plan de dinamización económica del territorio golpeado por el cierre de centrales o el cese de la actividad minera. La idea es replantear la actividad y el empleo con proyectos sostenibles que impidan el decaimiento de la zona, a la que se atribuye una dependencia de las instalaciones clausuradas.
Estos planes se elaboran en diálogo con los agentes sociales, las administraciones locales, las empresas y los ministerios de Transición Ecológica y de Industria. Según el anteproyecto de ley, el Gobierno ha reservado ya 130 millones para los convenios en el periodo 2019-2021.
La norma exige que el pacto de reindustrialización tenga una duración determinada y objetivos medibles y evaluables.
Medidas urgentes, también cargadas de ayudas
Como esta hoja de ruta no se hace de un día para otro, ya que requiere de un proceso participativo, el Gobierno también incorpora a la Estrategia de Transición Justa el llamado Plan de Acción Urgente, una especie de avance del convenio para territorios ya afectados por la despoblación y la falta de proyectos de reconversión. A priori, Lada (Asturias), Velilla (Palencia), Andorra (Teruel), Compostilla (León), Narcea (Asturias), La Robla (León) y Meirama (A Coruña), podrían acogerse a esta figura, con el objetivo de evitar un impacto negativo en el empleo y la población.
Las ayudas que se contemplan son las vinculadas al plan Reindus, préstamos a largo plazo y bajo tipo de interés a nuevos proyectos empresariales que pueden estar cofinanciados con fondos europeos; e inversiones del Estado en conservación y revalorización del patrimonio histórico y arquitectónico. “Todas aquellas medidas que sean susceptibles de ser cofinanciadas con fondos de la UE, se incluirán en la programación correspondiente del Estado y/o de las Comunidades Autónomas”, añade la Estrategia de Transición Justa.
Los planes del Gobierno presentan algunos problemas. El más obvio, el calendario, pues las elecciones y la proximidad del cierre de las centrales, en 2020, deja escaso margen a implementar medidas resolutivas antes de la clausura de las instalaciones. Más todavía si se tiene en cuenta la exigencia de procesos participativos y de diálogo entre empresas y administraciones, por lo que es probable que el temor del conselleiro de Economía, Francisco Conde, se materialice y el cierre de Meirama se produzca sin un ‘plan b’ a la vista, por más que la normativa del Gobierno esté cargada de buenas intenciones.
