El Gobierno borró la fábrica cerrada por Alcoa de la nueva lista de industrias electrointensivas 

Nueva vuelta de tuerca en las espinosas relaciones que mantiene Alcoa con el Gobierno. El episodio tiene como protagonistas, otra vez, a los ministerios de Transición Ecológica e Industria, que en síntesis han borrado a Aluminio Español del nuevo listado de las industrias electrointensivas. Alcoa llegó a recurrir en alzada la decisión del departamento de Reyes Maroto de retirarle la certificación de consumidor electrointensivo, que se consumó a finales del año pasado, una vez que se la había concedido meses antes al amparo de las nuevas categorías que fija un real decreto de 2020. 

El informe de gestión que acompaña las cuentas de Aluminio Español, la filial que acaba de cerrar de forma temporal y pactada con los trabajadores en San Cibrao, no deja lugar a dudas: reconstruye y detalla el proceso, que representa una nueva entrega de esas diferencias que ya se constataron con la batalla entre Alcoa y Gobierno por las compensaciones de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero. 

La secuencia 

En agosto de 2020, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico presentó un proyecto de orden por el que fijaba la implantación de un nuevo mecanismo de respaldo al sistema eléctrico en situaciones de necesidad, denominado servicio de reserva estratégica de respuesta rápida, que sustituía al servicio de interrumpibilidad. El nuevo sistema, criticado por las empresas, llegó a lograr la bendición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.  Pero a la formulación de las cuentas anuales Aluminio Español, el pasado mes de mayo, dicho proyecto todavía no había sido aprobado, lamentaban los gestores de Alcoa.  

Con anterioridad, el real decreto 1106/2020, de diciembre, por el que se regulaba el estatuto de los consumidores electrointensivos, esta vez por parte del Ministerio de Industria, establecía una serie de mecanismos destinados a reducir el coste energético de las industrias de estas características y, a la vez, establecía los requisitos para poder optar a la categoría de consumidor electrointensivo. Y aquí está en meollo del asunto, que golpea directamente a Aluminio Español, la filial propietaria de la planta cerra de San Cibrao.   

Dentro de la lista y fuera 

El 12 de julio del año pasado, relatan los gestores de la fábrica, se presentó la solicitud para acreditarse como consumidor electrointensivo, recibiendo el certificado de la misma apenas un mes después, el 11 de agosto. “Posteriormente”, explican, “la Administración ha iniciado de oficio la instrucción para la pérdida de la certificación de consumidor electrointensivo”. 

Ante este escenario, el 20 de octubre del año pasado Aluminio Español “interpuesto un recurso de alzada contra esta decisión que, a la fecha de la formulación de las presentes cuentas anuales (a finales de mayo), está pendiente de resolución”. La planta se cerró con efectos de enero de este año, una vez pactado el proceso in extremis entre sindicatos y empresa.  

La huella del lío del CO2 

El nuevo lío calca en cierta medida lo que sucedió con las compensaciones de costes de CO2, en esa ocasión con muchos millones en juego. En diciembre de 2020, Alcoa recibió una resolución del Ministerio de Industria por la que desestimaba la solicitud de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero correspondiente a los consumos del año 2019, “sobre la base de que el proceso de restructuración iniciado en octubre de 2020 pudiera afectar al cumplimiento de la normativa vigente”. 

En febrero del año pasado, Alcoa recurrió esta decisión “en el entendimiento de que se ha cumplido con la norma”. En septiembre recibió una resolución contraria a su recurso en la que se le reclama el reintegro de las ayudas recibidas en los años 2017, 2018 y 2019, por un importe total de 34,2 millones de euros, más un importe de 2,5 millones en concepto de intereses de demora. Contra esta resolución Alcoa también interpuso un recurso.