El Gobierno amenaza las socimis, el negocio del dueño de Marineda City
El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos contempla endurecer la tributación de las socimis y desata las alertas en el sector
La letra pequeña del acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos aprieta el régimen fiscal de socedades como Merlin Properties (dueña de Marineda City) o Lar España (propietaria del Centro Comercial Gran Vía de Vigo). Y es que las socimis, como se denomina a estas compañías especializadas en la compra de oficinas, almacenes o viviendas para su posterior arrendamiento, deberán comenzar a tributar un 15% por aquellos beneficios que no distribuyan entre sus accionistas
Así se contempla en el documento suscrito entre las formaciones encabezadas por Pedro Sänchez y Pablo Iglesias, que prevé esta vuelta de tuerca en materia fiscal para un sector que hasta ahora contaba con un particular régimen tributario.
Y es que estas sociedades están obligadas a repartir al menos el 80% de sus ganancias anuales en forma de dividendos, pero, a cambio, están exentas de abonar el impuesto de sociedades con el objetivo de evitar la doble tributación entre sus accionistas (que sí pagan esos impuestos por los tramos de ahorro del IRPF).
En el punto de mira de Unidas Podemos
La medida amenaza con engordar la factura fiscal de estas sociedades a las que Unidas Podemos situó en el punto de mira. El propio secretario general de la formación morada, Pablo Iglesias, acusó a estas sociedades de ser responsables de “la burbuja del alquiler” y llegó a abogar por eliminarlas.
“Acabaremos también con las socimi, por tratarse de mecanismos de elusión fiscal y de especulación con un bien tan importante como la vivienda”, aseguraba Unidas Podemos en su programa electoral para las elecciones del 10 de noviembre.
Temor en el sector
A falta de conocerse cómo se articulará esa medida contemplada en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, Javier Basagoiti, presidente de la mayor asociación del sector (Asocimi, de la que no forman parte Lar España ni Merlin Properties), ha sostenido que «cualquier modificación de la ley actual de socimis que pueda generar incertidumbre jurídica y desconfianza entre los inversores nacionales e internacionales y que nos sitúe en desventaja con otros competidores europeos sería perjudicial para la estabilidad del sector inmobiliario español».
Sánchez afirmó el pasado 4 de enero en su discurso de investidura que su Ejecutivo de coalición de izquierdas va a «estudiar la aplicación de obligaciones adicionales para los grandes tenedores de vivienda» y que, en consecuencia, va a «reformar el régimen jurídico y fiscal de las socimis».
Basagoiti ha destacado que «por el momento se trata de una mera declaración de intenciones» y que «todavía no se ha tomado ninguna medida concreta», y se ha puesto «a disposición de representantes políticos y legisladores para ayudar en la consolidación del marco institucional adecuado» para estas sociedades de inversión.
