El Gobierno afronta una devolución de 360 millones a las hidroeléctricas del Miño-Sil en plena crisis de los embalses

El Estado prevé que tendrá que devolver más de 1.400 millones de euros a las compañías eléctricas después de que el Tribunal Supremo anulase un decreto del año 2015 aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Se trata del denominado canon hidráulico, que el Gobierno puso en marcha para gravar el uso de aguas para la producción de energía eléctrica. Ya en su memoria correspondiente al ejercicio 2020, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil estimaba que entre los años 2015 y 2020 el importe total recaudado asciende a 369 millones de euros.

Este hecho se da a conocer en un momento de especial polémica, debido a los casos de vaciado de embalses acometidos este verano por algunas de las grandes eléctricas del país, como Iberdrola o Naturgy. De hecho, este mismo jueves, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, manifestó que lo sucedido “es un disparate climático y ecológico, y veremos cuáles son las consecuencias”. El mandatario se mostró muy crítico con la actuación tanto del Ejecutivo central, como de la propia confederación y las compañías eléctricas (en la comunidad hay cuatro embalses señalados por Transición Ecológica y que son explotados por Iberdrola y Naturgy, los de Portas, Cenza, Belesar y Salas), actores a los que acusó de haber faltado “al respeto” a Galicia y a su patrimonio.

La previsión de las confederaciones hidrográficas

Esta semana, eldiario adelantó que el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera estima que tendrá que devolver a las eléctricas unos 1.400 millones de euros. No obstante, en sus distintas memorias anuales, las confederaciones hidrográficas ya incluyen previsiones sobre las cantidades a devolver por parte del Estado. En sus cuentas correspondientes al ejercicio 2020, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil apunta a una cantidad que podría sobrepasar los 360 millones de euros.

En el apartado de la memoria anual correspondiente a “provisiones y contingencias”, la CHMS indica que, como consecuencia de la decisión del Supremo, “podría llegar a acordarse la devolución de los ingresos percibidos entre los años 2015 y 2020 en concepto del canon por la utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica”. Explica la entidad que el importe total recaudado asciende a 369,4 millones de euros, estando el 98% de esos ingresos en manos del Tesoro Público. «Se podría acordar que la devolución de la totalidad de los ingresos se realizase por la CHMS, previa transferencia de los fondos ingresados en el Tesoro», admite.

“Por ello, nos encontramos ante un pasivo contingente equivalente a la cantidad ingresada en el Tesoro (362 millones) y un activo contingente por idéntico importe”, apunta. Además, el organismo dependiente del Estado indica que en el ejercicio 2021, los ingresos por este canon ascienden a 47,3 millones de euros, de los 947.000 euros son ingresos del organismo y 46,45 millones corresponden al Tesoro.

Devolución asumida por el Estado

A la espera de conocer, en todo caso, la cifra final, será el Estado el que afronte la devolución de los importes derivados de la aplicación de la sentencia del Supremo relativa al Real Decreto 198/2015, que desarrolla el artículo 112 bis de la Ley de Aguas y que regulaba el pago de un canon a la producción hidroeléctrica. Fuentes de la Confederación del Miño-Sil explican que, de momento, la cantidad que figura en su memoria anual es una estimación. “Los ministerios para la Transición Ecológica y de Hacienda trabajan conjuntamente para diseñar el mecanismo de devolución, que a priori debe hacerse por medio de las confederaciones hidrográficas, encargadas de recaudar el canon”. Presumiblemente, esa partida se materializará en los Presupuestos Generales del Estado.

“La Confederación del Miño-Sil incluye una estimación provisional del importe que puede corresponderle en sus cuentas de 2020 y está a la espera de que culminen los trabajos interministeriales para actuar según se le indique”, apuntan las mismas fuentes.

Devoluciones al alza

Cuando en el mes de abril se conoció la resolución del Supremo, se interpretó que el importe que se tenía que devolver correspondía a las cantidades percibidas en los años 2013 y 2014, por lo que se estimaba que rondaría los 500 millones de euros. No obstante, y según las previsiones del Gobierno, semeja que ahora las eléctricas podrían recuperar todo el dinero que se recaudó con este decreto y que se aplicaba de manera retroactiva. Así lo explica en sus cuentas la propia Confederación Hidrográfica del Duero, que indica que la sentencia, “además, condiciona la exigencia del canon en los periodos posteriores a que se trate de nuevos concesionarios en cuya concesión de aguas se haya recogido el pago por parte de los concesionarios del canon del artículo 112 bis o tratándose de concesiones anteriores a 2015, se haya procedido a revisar la concesión para incorporar la exacción”.

Es por ello que, en sus cuentas, también refleja que “presumiblemente se ha de devolver el importe de lo ingresado por este concepto, que ascendió en el periodo 2013-2020 a 485,3 millones de euros, de los cuales 475,5 se transfirieron al Tesoro Público, mientras que el 2%, 9,7 millones, se ingresó en el presupuesto de ingresos del organismo como abono de los gastos de gestión”.