El fiscal deja para Hacienda la investigación a los exdirectivos de R
La Fiscalía archiva las diligencias de investigación por presunto fraude tributario contra el exconsejero delegado y el secretario del consejo de R
La Fiscalía Provincial de A Coruña ha decidido archivar las diligencias de investigación abiertas a raíz de una denuncia presentada contra dos exdirectivos de la operadora de cable R por presunto fraude fiscal. Las diligencias las estaba llevando a cabo la Fiscalía de Delincuencia Económica, adscrita a dicho órgano provincial. Con su decisión, deja en manos de Hacienda la investigación, al haberse presentado también en la Agencia Tributaria las denuncias.
Según fuentes de la Fiscalía, que investigaba una «presunta defraudación tributaria», las diligencias se han archivado sin presentar querella al entender que, «más allá del contenido de la denuncia anónima, no existen indicios suficientes de que se ha cometido una infracción penal», según las mismas fuentes.
Ponderación reforzada de los hechos
La Fiscalía basa su decisión en dos aspectos. Por un lado, en que en las denuncias presentadas no existen indicios suficientes de haberse cometido una infracción penal y se apoya en la doctrina y jurisprudencia del Supremo al respecto. El alto tribunal establece claramente cuáles son los criterios para llevar a cabo una investigación de este tipo a raíz de una denuncia, al ser necesaria una «ponderación reforzada» y justificada del contenido de los hechos que se pusieron en conocimiento del fiscal.
Por otro lado, al fiscal le consta que se han formalizado las denuncias en la Inspección de la Delegación de la Agencia Tributaria en A Coruña, y asume que debe ser la propia Hacienda, si detecta una infracción, quien acuda a la vía judicial más allá de los pertinentes procedimientos de sanción administrativa que lleve a cabo.
En manos de Hacienda
La investigación ahora archivada por el fiscal de Delincuencia Económica por presunto fraude tributario afectaba a dos exdirectivos de R: Arturo Dopico, que fue consejero delegado de la operadora, y Juan Manuel Sánchez-Padrós, que ocupó los cargos de secretario general y del consejo de administración.
Los hechos denunciados que dieron origen a la investigación tienen relación con la venta de R a Euskaltel en 2015. El fiscal inició las diligencias para esclarecer si ambos exdirectivos fueron remunerados por medio de «activos financieros refugiados en Luxemburgo», operación que, según la denuncia, se habría efectuado por medio de dos empresas instrumentales: Venini Holdings SA y Ninive Holdings SA. Ambas sociedades tienen el mismo domicilio social en Luxemburgo, considerado un paraíso fiscal por determinados organismos internacionales.
Venini Holdings SA y Ninive Holdings SA habrían sido empleadas por CVC, el fondo que era propietario de R hasta su venta a Euskaltel, para efectuar los pagos derivados de los planes de incentivos pactados previamente a la venta de la operadora gallega. A ambos exdirectivos, según la denuncia que ahora sigue la Agencia Tributaria, «se les otorgó un privilegio fiscal rehuyendo la mayor tributación en España, siendo residentes españoles». Tales pagos, según las denuncias que obran en poder de la Fiscalía, ascienden a «varios millones de euros».
