El fiasco de Alu Ibérica y Alcoa le estalla en las manos a Industria
Mientras la investigación sobre la venta de las antiguas plantas de Alcoa de A Coruña y Avilés avanza, sindicatos y oposición piden al Gobierno que mueva ficha, tras avalar la venta de las factorías en 2019
Este viernes, la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón tomó declaración a los detenidos en el marco de la operación policial desarrollada por la presunta despatrimonilización fraudulenta de las antiguas plantas de producción de Alcoa en A Coruña y Avilés. Los cuatro, relacionados con Grupo Industrial Riesgo, el actual dueño de las factorías en las que trabajan más de 600 personas, fueron puestos en libertad con medidas cautelares. Las plantillas de ambas instalaciones han acogido con esperanza el inicio de las investigaciones, que parten precisamente de una querella criminal presentada por la Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) por supuestas irregularidades en la venta de estos activos. Las centrales han solicitado ahora la tutela judicial de las factorías como medida cautelar.
Sin embargo, desde que la operación judicial se precipitó, distintas voces, desde sindicatos a administraciones, reclaman un movimiento político y apuntan hacia el Ministerio de Industria, de Reyes Maroto. Tanto el cuadro de personal como la propia Xunta de Galicia de Alberto Núñez Feijóo recuerdan que hace tiempo que están a la espera de una nueva reunión de la mesa de seguimiento de Alu Ibérica. Sin embargo, de momento, el Gobierno central no mueve ficha. Por lo menos, no de forma pública. El jueves, día en el que se desarrolló la macrooperación de la UDEF, el ministerio indicó su confianza en que “esto ayude a asegurar la viabilidad de la empresa”, si bien no adelantó más acontecimientos.
Una venta con la bendición del Gobierno
No obstante, tanto el presidente Feijóo como la propia Alcoa pusieron la pelota en su tejado, al recordar, esa misma jornada, que el traspaso de las factorías al fondo suizo Parter, que posteriormente las revendería a Riesgo, había sido avalada por el Ejecutivo.
Para entender la situación actual de Alu Ibérica hay que retrotraerse a 2019. Alcoa vendió al fondo de inversión suizo Parter Capital las dos instalaciones después de un largo proceso que arrancó a finales de 2018, cuando los americanos anunciaron su intención de cerrar las fábricas.
En junio de 2019, y tras un proceso de puja en el que participaron más empresas, Alcoa decidió traspasar las alumineras al fondo suizo Parter. Los de Pittsburgh se comprometían a invertir cerca de 100 millones en las plantas que servirían para mantener el empleo y realizar una serie de inversiones que garantizasen su continuidad. Los suizos desarrollarían un plan industrial, también con inyección millonaria comprometida. Entonces, el Ministerio de Industria manifestó que consideraba positivo el acuerdo alcanzado que cumplía con el compromiso de las partes implicadas de encontrar una solución “integral y viable” que garantizaba la permanencia de los puestos de trabajo hasta agosto de 2021.
La responsabilidad de Industria
No obstante, recién aterrizado en las fábricas, Parter comenzó a negociar la venta de las mismas al conglomerado Riesgo, que había participado sin éxito en la puja. Esta venta, que no fue comunicada ni a los estadounidenses ni al Gobierno, y que incumplía los acuerdos alcanzados con Alcoa, llevó a la multinacional a denunciar a los suizos en los juzgados (si bien continuaron aportando los pagos millonarios comprometidos).
Los sindicatos solicitan ahora a Industria que dé un paso al frente, ya que su misión era la de fiscalizar el cumplimiento de unos acuerdos que no se llevaron a cabo. Sin embargo, los de Reyes Maroto rechazan responsabilidad en este punto, al entender que “el papel del Ministerio se ciñó, exclusivamente, a impulsar la apertura de una mesa industrial por el futuro de ambas plantas, en colaboración con las comunidades de Galicia de Asturias, los representantes legales de los trabajadores y la empresa Alcoa”. Así se expresaba el Gobierno el pasado febrero en una respuesta a una pregunta escrita del BNG en relación con la situación de ambas plantas. “La operación de compraventa es mercantil privada entre empresas. Por ello, la situación contractual es algo que compete a las partes intervinientes”, indicaba antes de la operación policial.
La crisis del financiador de Liberty House
El escándalo de Alu Ibérica se produce, además, en plenas negociaciones de Alcoa con el Gobierno para que la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) se haga con la fábrica de aluminio primario de A Mariña lucense, la misma que la compañía tenía intención de cerrar y cuya hoja de ruta se desbarató en los juzgados, que declararon nulo el ERE en marcha para más de medio millar de trabajadores. Según distintas fuentes consultadas por este medio, el secretario general de Industria, Raül Blanco, sería uno de los cargos del Gobierno que está liderando las negociaciones con el grupo aluminero.
El Ejecutivo central apostó por hacerse con la factoría a través de la SEPI para, posteriormente, traspasarla a Liberty House, compañía británica del conglomerado GFG Alliance.
No obstante, esta semana, los del magnate Sanjev Gupta recibieron un fuerte mazazo. El grupo Greensill, especializado en la financiación a empresas de pagos adelantados a proveedores, ha anunciado su intención de acogerse a una medida similar a la suspensión de pagos. Hasta ahora, era uno de los principales financiadores de Liberty.
La crisis de Greensill vino provocada por la decisión de Credit Suisse de congelar 10.000 millones de dólares de fondos de inversión que estaban ligados a transacciones crediticias del grupo británico. Según The Wall Street Journal, uno de los motivos de la decisión de la empresa de servicios financieros estaría relacionada con la excesiva exposición a los negocios de GFG.
A pesar de la alarma que ha disparado la situación de GreenSill, fuentes de Liberty House aseguran a este medio que sus operaciones “continúan con normalidad”. “Nuestros negocios principales continúan beneficiándose de las sólidas condiciones del mercado que generan sólidas ventas y flujos de efectivo. Nuestro programa de eficiencia operativa ha mejorado la rentabilidad y estamos en conversaciones con entidades financieras que pueden ayudar a diversificar nuestro financiamiento”, aseguran. El grupo indica que mantiene a sus empleados informados.
De momento, comité de empresa y sindicatos con representación en Alcoa San Cibrao no entran a valorar la situación de GreenSill ni las consecuencias para Liberty. Indican que lo primordial ahora es que la SEPI cierre la compra de la planta, para lo que, de nuevo, solicitan rapidez al Ministerio de Industria.
