El exdirectivo de Pemex que compró Barreras busca abogado en Madrid
Emilio Lozoya busca abogado en Madrid de cara a la vista de extradición a México que tiene en la Audiencia Nacional
El ex director general de la petrolera estatal mexicana Pemex Emilio Lozoya busca un despacho de abogados en Madrid que le represente de cara a la vista de extradición que tendrá que afrontar en la Audiencia Nacional en los próximos meses, según ha informado este lunes el bufete mexicano que defiende al exdirectivo.
Lozoya está reclamado por las autoridades del país norteamericano por «un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita», equivalente al blanqueo de capitales en España y que puede acarrear una pena máxima prevista de 15 años de prisión.
Detención en Málaga
Después de ser detenido el pasado 12 de febrero en Marbella (Málaga), el ex director general de Pemex pasó a disposición del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que acordó enviarle a prisión provisional por «fundado riesgo de fuga».
Su abogado en México, Javier Coello, se desplazó entonces a España y tras visitar al exdirectivo en la cárcel de Alhaurín de la Torre, se entrevistó con «diversos letrados en Madrid», de los que informó a su cliente. Por el momento, no especifica los bufetes con los que ha contactado.
Juicio de extradición
«Está analizando las propuestas de honorarios de dichos despachos y será él, únicamente él, el que determinará qué despacho lo representará en el juicio de extradición, toda vez que esto es una determinación estrictamente personal de nuestro cliente», explica el despacho Coello Trejo y Asociados, con sede en Ciudad de México.
Tras el auto de prisión provisional, las autoridades mexicanas tienen 45 días para enviar la documentación correspondiente sobre los cargos que pesan contra Lozoya, tras lo cual la Audiencia Nacional convocará una vista de extradición en la que decidirá si se le entrega o no.
Emilio Lozoya está siendo investigado en México por recibir presuntamente 10 millones de dólares de forma fraudulenta de la constructora Odebrecth, implicada en múltiples casos de corrupción en el continente americano. Se le imputan delitos de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por ello, las autoridades mexicanas habían emitido una orden de búsqueda y captura a través de Interpol.
Caso “complicado”
Después de una de sus visitas a la cárcel de Alhaurín de la Torre, Coello explicó a los periodistas que una vez se acuerde la defensa con un abogado en España se diseñará la estrategia de si Lozoya «se va a México» o la defensa «pelea aquí la extradición«.
El letrado reiteró que siempre ha mantenido la inocencia de su cliente. «Fue un instrumento, pero en su momento y ante los jueces lo tendremos que aclarar», manifestó Coello, añadiendo que se trata de un caso «complicado». «Ningún funcionario en México se manda solo si no es por orden del presidente de la República; hace 50 años y ahora», dijo después.
La compra de Barreras
En septiembre de 2012, Pemex y la Xunta de Galicia anunciaban la firma de los contratos para la construcción de dos floteles (uno en Barreras y otro en Navantia-Ferrol) y, algo más de un año después, a propuesta de Emilio Lozoya, el Consejo de Administración de PMI (filial de la petrolera mexicana) aprobó la compra del 51% de las acciones del astillero vigués por 5,1 millones de euros.
Esta compra, apadrinada por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo (en cuya agenda pública figuraron encuentros con Lozoya en 2013 y 2014), se escenificó en diciembre de 2013, en una visita de mandatarios de la empresa mexicana a Vigo. En esa visita, se anunciaron varios contratos más, que nunca llegaron a hacerse realidad (un atunero, tres ‘buques-tanque’ y otras tres unidades que tampoco se concretaron).
Pemex quiere vender
Más tarde, la bajada del precio del petróleo y el cambio de gobierno en México, donde el presidente López Obrador anunció la revisión de contratos y una investigación sobre la «corrupción» en la petrolera, hicieron que el astillero vigués se convirtiera en un quebradero de cabeza para Pemex.
De hecho, la estatal azteca ha trasladado su intención de deshacerse de las acciones, y recuperar los 5,1 millones de euros, así como los 8 millones depositados en garantías.
