El estatuto para Alcoa y Ferroatlántica llegará para las elecciones

En la pasada campaña de las elecciones generales del 20N, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cargó con fuerza contra el Gobierno central de Pedro Sánchez por no haber sido capaz de sacar adelante un Estatuto del Consumidor Electrointensivo necesario para regular los precios de la energía de los grandes consumidores. El PP gallego puso el acento sobre la planta de Alcoa en San Cibrao y llegó incluso a manifestar que la falta de políticas del Ejecutivo central abocaba a la factoría de aluminio a una situación de «precierre«. No obstante y, eso sí, después de meses de retraso (el primer borrador del estatuto, que no pasó los filtros de Competencia se presentó hace casi un año), todo parece indicar que la normativa que regulará el precio de la factura eléctrica de la gran industria llegará a tiempo para la cita electoral gallega, que se celebrará el 5 de abril.

Esta jornada (después, por cierto, de que el presidente gallego anunciara el adelanto electoral), el Ministerio de Industria de Reyes Maroto hizo públicos los primeros trazos de un estatuto que este martes inicia su período de consulta pública. La intención del Gobierno central es que el texto, que será tramitado de forma urgente y no tendrá que pasar en esta ocasión por el filtro de Competencia, sea aprobado en el mes de marzo. A tiempo para la cita con las urnas.

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Silencio de la industria

Eso sí, el texto puede no cumplir con las expectativas de la gran industria y los sindicatos que este lunes (y tras una reunión en el Ministerio) decidieron esperar al menos un día para hacer una valoración pormenornizada. El estatuto garantiza a la gran industria una nueva partida de 90 millones de euros para compensar los cargos en su factura eléctrica destinados a financiar las renovables, cogeneración de alta eficiencia y extracoste de territorios no peninsulares. Esta cantidad se unirá a la que percibirán por por las emisiones de CO2, que ascendió a unos 172 millones de euros en 2019 y que se espera seguir aumentando. En total, al menos 262 millones de euros a repartir entre los grandes consumidores eléctricos.

Pero, el estatuto trae aparejada otra novedad. Por primera vez se define qué es un gran consumidor eléctrico. Entre otras características, se trata de un empresa con consumo eléctrico mínimo anual de 1 GW/hora al año, además de pertenecer a sectores industriales beneficiarios de ayudas en materia de energía y clima. En base a estos requisitos, el Gobierno central estima que en España hay 600 empresas que pueden considerarse grandes consumidores y, por tanto, verse beneficiadas de estas ayudas. De ese total de empresas, el Ejecutivo indica que hay 31 en Galicia. 

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«El resultado es el único posible»

Si bien ayer las patronales industriales decidieron no hacer ninguna valoración, distintas fuentes de empresas electrointensivas indicaban a este medio que el número de compañías potencialmente beneficiarias crece considerablemente con este texto (algo que, en buena medida, evita que las ayudas puedan enterse como ‘de Estado’, un hecho que determinó el fracaso del anterior borrador). «Hay que esperar a ver el texto completo, pero hay que tener en cuenta que, en otras épocas, con menos empresas a repatir, hubo subastas de interrumpibilidad que llegaron a los 500 millones de euros«, apuntaban este lunes.

En cualquier caso, a la espera de conocer la dotación definitiva por las emisiones de C02, la cuantía definitiva de las ayudas aún no es pública. Este lunes, fuentes del Gobierno indicaban que, en todo caso, la cantidad final está condicionada a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Las mismas fuentes gubernamentales advirtieron de que esta propuesta de estatuto, que así superaría las posibles trabas por parte de Bruselas, es «la mejor» y «única posible«. «Llevamos más de año y medio trabajando, y tras una larga negociación, especialmente a nivel comunitario, el resultado final es el único posible. Lo que nos permite llevar al máximo el marco comunitario es lo que está aquí», señalaron.

Acuerdos bilaterales

Por otro lado, y como ya se recogía en el anterior borrador de estatuto, la normativa que debe ‘salvar’ a factorías en Galicia como Alcoa o Ferroatlántica, incorpora la creación de un mecanismo de cobertura para el impulso de los contraros de compraventa de energía a largo plazo (denominados PPA por sus siglas en inglés). El objetivo es abaratar los costes energéticos de los grandes consumidores. 

El mecanismo de cobertura para facilitar que la gran industria cierre estos acuerdos a largo plazo de renovables será realizado a través de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), organismo del Estado que cubrirá el riesgo de la operación a través de garantías.

Adiós a la interrumpibilidad

Con lo que sí que se pondrá prácticamente fin será con el sistema de interrumpibilidad, al menos tal y como estaba concebido en el pasado, como un mecanismo al que acudían los grandes consumidores como compensación. Fuentes del Ejecutivo precisaron que ahora habrá que ver cúal es su diseño a corto plazo y cómo se hacen «más ágiles», pero ya no serán compensaciones para los electrointensivos, sino un mecanismo de gestión de la demanda, siendo así «acorde con lo que establece la Comisión Europea«. «Dependerá de la cantidad que se subaste y del proceso competitivo», añadieron.

La medida no sorprende en demasía a la gran industria, muy crítica con las últimas subastas de interrumpibilidad. En la última puja organizada por Red Eléctrica solo se subastaron 1.000 megavatios, por los que las industrias adjudicatarias obtuvieron la pírrica cantidad de 4,38 millones, frente a los 95 millones de la anterior.

Obligaciones

No obstante, para poder beneficiarse de estas ayudas, las empresas también deberán cumplir con una serie de obligaciones, entre las que figura tener que contratar a plazo (al menos 5 años) un 10% de su consumo anual una vez el fondo haya sido puesto en marcha.

Además, deberán implantar un sistema de gestión de la energía auditado y certificado, y aquellas empresas que ya están obligadas por la normativa vigente a implementarlo tendrán que acometer obligatoriamente cada cuatro años aquellas actuaciones de eficiencia energética que, de acuerdo con las auditorías obligatorias, fueran recuperables en tres años o menos.

Asimismo, se mantienen las obligaciones sobre mantenimiento del empleo y de su actividad productiva para las empresas que se beneficien de las ayudas ya establecidas en el Real Decreto-Ley de medidas urgentes de diciembre de 2018.