El Estado afronta más de 900 millones en reclamaciones por la construcción del AVE
Las demandas de las constructoras por sobrecostes obligan a provisionar casi 800 millones a Adif Alta Velocidad, que se juega otros 112 millones en litigios por expropiaciones
La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, junto a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León / E.P.
El despliegue de la red de alta velocidad, que supera en España los 3.400 kilómetros, deja tras de sí numerosas demandas de las constructoras, que reclaman al Estado casi 800 millones por discrepancias en los precios o por los sobrecostes derivados de las ampliaciones en los plazos de ejecución. En el último año, coincidiendo con la crisis sanitaria por el Covid-19 y la recta final de los trabajos para la llegada del AVE a Galicia y a Asturias, las provisiones de Adif Alta Velocidad, la empresa pública que desarrolla la infraestructura ferroviaria, se han incrementado casi un 20% respecto al año anterior.
La dotación alcanza los 814,5 millones, pero cubre solo una parte de las reclamaciones que afronta. Adif ha dejado sin provisionar otros 96,7 millones por litigios derivados de las expropiaciones de terrenos para construir el AVE, pues, si bien considera que las demandas de las constructoras provocarán “una salida de recursos futuro”, no lo ve así en el caso de las parcelas por donde evolucionan las vías.
Las demandas de las constructoras
La partida reservada para abonar los sobrecostes a las constructoras asciende a 794 millones, 130 millones más que hace un año. “Tienen su origen, básicamente, en reclamaciones por diferencias en mediciones y en la determinación de las revisiones de precios, así como por posibles sobrecostes provocados por paralizaciones y ampliaciones del plazo de ejecución de las obras”, explica Adif Alta Velocidad en su memoria de ejercicio.
Hay que tener en cuenta que los procedimientos judiciales se alargan desde hace años, pues todavía colean en la Audiencia Nacional las reclamaciones por la parálisis en el acceso del AVE a Galicia durante la etapa de Ana Pastor en Fomento y Gonzalo Ferre al frente de Adif. A esto se suman los previsibles retrasos provocados por la pandemia en el último año, que podrían derivar próximamente en un nuevo incremento de las reclamaciones.
La empresa pública provisiona esta cuantía como “la mejor estimación de los costes futuros correspondientes a dichos litigios”, por lo que la factura podría aún incrementarse. El coste de las indemnizaciones, si finalmente se produce una salida de casi 800 millones, equivale al presupuesto de las obras para el acceso del AVE a Cantabria hasta Reinosa, 43 kilómetros de línea.
Lo que ya cuestan las demandas
Desde hace años, Adif Alta Velocidad está buscando ayuda externa para defenderse de los equipos jurídicos de las grandes constructoras. Lo hace mediante la licitación de servicios para realizar informes periciales que defiendan sus tesis o contradigan las de las empresas denunciantes. Firmas de ingeniería o consultoría como Cetres Enginyers, Audiwork, Epypsa o Agnio se han llevado algunos de los últimos contratos, que alcanzan cuantías millonarias.
Por ejemplo, el licitado a comienzos de este año –los pliegos se publicaron el 4 de enero en la plataforma de contratación—ascendía a 2,7 millones repartidos en dos lotes; en 2019 se licitaron 4 lotes con un presupuesto de 5,4 millones.
Las expropiaciones de suelo
Respecto a las expropiaciones de terreno, Adif Alta Velocidad mantiene provisionados 16,5 millones, prácticamente la misma cuantía que el año pasado. En realidad, es una pequeña parte de las reclamaciones que afronta por esta materia ya que, según reconoce la entidad dependiente del Ministerio de Transporte, el riesgo máximo es muy superior y se situaría en los 96,7 millones de euros que no ha provisionado.
