El embudo eólico: Galicia solo instala 50 megavatios pese a que hay 3.500 en tramitación
La patronal eólica acusa a la Xunta de provocar una parálisis en el sector por su lentitud en la tramitación de los parques, con procesos que han tardado hasta 11 años
Imagen de archivo de un parque eólico frente a la costa de Ortegal
El ‘boom’ de proyectos eólicos en Galicia que ha colapsado a la Xunta, hasta el punto de establecer una moratoria a los nuevos proyectos hasta mediados de 2023, contrasta con el escaso número de instalaciones que se pone en marcha. La Asociación Eólica de Galicia advierte que el desarrollo del sector “es nulo” y que, pese a estar en tramitación más de 3.500 megavatios, más de un millar a través de la Xunta y 2.500 de competencia estatal, solo se han puesto en marcha 50.
«La realidad es que no se está ejecutando ningún parque y parece que el escenario para el año próximo será el mismo», dicen en la patronal, que achacan esta parálisis a la lentitud de la administración para otorgar los permisos. “Si hoy no se construyen proyectos eólicos es porque no se dispone de las autorizaciones necesarias”, concluyen.
Atasco e inseguridad jurídica
La asociación celebró una junta directiva de urgencia este jueves para analizar los 18 meses de moratoria de la Xunta, un periodo en el que no aceptará proyectos nuevos con el objetivo de dar salida al elevado número de parques que está tramitando. Para la patronal, esta decisión no hace más que generar “incertidumbre e inseguridad jurídica”.
«La Administración autonómica está bloqueada, porque está volcada en sacar a información pública nuevos proyectos, Este año 2021 se publicaron 37 parques eólicos que suman más de 1.000 megavatios de potencia, a los que hay que añadir otros 31 de competencia estatal que suman más de 2.500 megavatios. Es decir, los recursos administrativos no están enfocados hacia la construcción y puesta en marcha de nueva potencia eólica», razona EGA. Esos más de 3.500 megavatios se corresponden con los expuestos este año, pues si se tienen en cuenta los arrastrados de ejercicios anteriores se alcanzan los 7.000 megavatios en tramitación, según estimó recientemente la Consellería de Economía.
En lo tocante a 2021, afirma que «solo se han puesto en marcha unos 50 megavatios correspondientes a permisos de años anteriores«. A esto se une que se han otorgado 98,35 megavatios de potencia procedentes de cinco autorizaciones, según detalla. «Y no nos consta ninguna autorización administrativa de evacuación», agrega.
En cuanto a tramitación ambiental este mismo año, dice que se han emitido cuatro declaraciones de impacto por 60 megavatios, a las que hay que añadir un informe ambiental de una línea de evacuación.
¿Hasta 11 años para tramitar un parque?
La patronal echó cuentas sobre las cinco autorizaciones tramitadas este año y consideró que son un fiel reflejo del principal problema de las empresas. “De los cinco proyectos, el que tuvo la tramitación más corta tardó tres años y ocho meses, mientras que el más largo en tramitarse llegó a casi 11 años desde la fecha de solicitud».
Cuando un parque obtiene su autorización, dice la entidad, «necesita iniciar un nuevo trámite de modificación, ya que los modelos de aerogenerador quedaron obsoletos debido al tiempo transcurrido». «Esta es la realidad de la tramitación eólica en Galicia y también la razón del elevado número de expedientes actualmente», zanja EGA.
En este razonamiento, el problema de la Xunta derivaría de un incremento brusco de las solicitudes de parques eólicos combinado con una insoportable lentitud en su tramitación. «La cifra de nuevos proyectos y líneas de evacuación es escasa, y por otra parte, el tiempo de tramitación es enorme, lo que obliga a retramitar los pocos proyectos que se autorizan. Y, a pesar de ello, se siguen sacando a información pública nuevos proyectos, circunstancia que conduce al cuello de botella de los trámites oficiales», argumentan.
Descoordinación y caducidad de los permisos
La patronal reprocha «la falta de coordinación entre Xunta y Ministerio», pues «el Ministerio está avanzando en la tramitación de proyectos que la Xunta defiende que no se ajustan a la normativa autonómica».
Esta situación «abocará a un gran número de proyectos a perder sus permisos de acceso por incumplimiento de los plazos previstos en el RDL 23/2020». «Es decir, las empresas han planteado proyectos para avanzar hacia un modelo energético sostenible, y, sin embargo, pueden perderlos porque la Administración exige el complimiento de hitos administrativos y al mismo tiempo es incapaz de avanzar en la tramitación para que se puedan cumplir de dichos hitos», recrimina.
