El dueño de Blusens contraataca con una querella a un inspector fiscal
José Ramón García presenta una querella en los juzgados de Santiago contra el presunto cerebro de la trama corrupta de Hacienda que operaba desde Vigo
El fundador de Blusens no ha querido esperar al final de su inhabilitación judicial para administrar empresas, como tenía previsto, y ha pasado al contraataque. José Ramón García ha presentado una querella en el Juzgado de Instrucción número tres de Santiago contra el inspector de Hacienda en Vigo que estaba al frente del departamento de grandes contribuyentes y era el epicentro de una presunta trama corrupta que investiga dicho juzgado y que, supuestamente, cobrara a través de intermediarios para rebajar sanciones fiscales.
García, que ha reconstruido su grupo empresarial después del revés que sufrió el año pasado, cuando fue condenado en sentencia firme a año y medio de inhabilitación por un fraude del IVA en carrusel, se suma así con su querella a la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número tres de Santiago contra Asdrúbal Casares García, que era inspector jefe de la Agencia Tributaria en Vigo cuando fue detenido este mismo año.
Delitos de blanqueo y cohecho
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la propia Agencia Tributaria en la Fiscalía Anticorrupción. A Casares García se le imputan delitos de blanqueo, contra la administración pública, cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
El cerebro de la trama estaba especializado en investigaciones de fraudes del IVA en carrusel, precisamente uno de los delitos que ha conllevado la inhabilitación del propio José Ramón García. Esas investigaciones del inspector finalizaban, según las querellas presentadas en el juzgado (al menos hay otra empresa, la viguesa Redcom), en coacciones para rebajar las sanciones impuestas, con pagos en metálico.
Red de extorsión exterior
El inspector, responsable de grandes contribuyentes, cobrara las mordidas, supuestamente, a través de una red de compinches entre los que se encontraban varios asesores tributarios, también puestos a disposición judicial en el marco de la actuación de la Unidad Contra el Crimen Organizado (UCO) de la Guardia Civil y de la propia Agencia Tributaria.
Las actuaciones judiciales se saldaron con cinco detenidos, algunos puestos en libertad con cargos previa fianza, y se llevaron a cabo registros en Vigo y en Ourense. José Ramón García, desde el minuto uno de su vía crucis judicial, ha atribuido al inspector Casares García gran parte de sus calamidades, que se transforman ahora en una querella criminal.
La sentencia firme contra García
En mayo del año pasado, la Audiencia Provincial de A Coruña ordenó la inhabilitación del fundador de Blusens para ejercer cargos de administrador o apoderado en empresas durante 540 días, es decir, año y medio. El plazo vence, por tanto, el próximo mes de noviembre. García ha seguido adelante con otros proyectos empresariales de los que es accionista, y lo ha hecho con socios a través del holding Visualiza Business.
Contra José Ramón García pesa una condena por defraudar más de 800.000 euros en la declaración del IVA de Blusens Technology, la filial de compras de Blusens. La sentencia señala que García, «consciente y voluntariamente y con la finalidad de beneficiarse en sus declaraciones tributarias del IVA» utilizó empresas pantalla para simular documentación contable y generar desgravaciones. La sentencia fue firme. Ahora, hay segunda parte. Y una trama corrupta en Hacienda es el epicentro.
