El dueño de Arias Infraestructuras simuló una quiebra para apartar a sus socios
La querella presentada por la familia fundadora contra Ildefonso Rodríguez Iglesias condiciona la venta de Arias Infraestructuras a los ex directivos de Isolux
El último año en la vida de Arias Infraestructuras, hasta su venta anunciada esta semana, ha transcurrido entre las mesas de licitación de las administraciones y los juzgados. El líder de las adjudicaciones públicas en Galicia en 2017 comenzó a transitar por una senda desconocida cuando la querella por estafa y administración desleal, presentada por los fundadores de la constructora, llegó al Juzgado de lo Penal número cinco de A Coruña. Desde entonces, nada ha sido igual para Ildefonso Rodríguez Iglesias. Y el proceso judicial sigue abierto, en fase de instrucción.
Los ejes de la querella presentada por la familia fundadora de Arias Infraestructuras, que retenía un 25% del capital hasta el año pasado, pivotan sobre las valoraciones de la compañía que se efecturaron para dar salida a los Arias Díaz-Eimil, entre los que se encuentra el expresidente de la patronal gallega.
En causa de disolución
El contenido de la querella incorpora los argumentos utilizados para acusar a Rodríguez Iglesias de estafa, administración deseal, falseamiento de cuentas anuales y vulneración del derecho de información de los socios. Y es que, según los querellados, el accionista mayoritario apeló a pérdidas sobrevenidas para incumplir el pacto de socios establecido cuando entró en el capital de la antigua Arias Hermanos, en 2005. El empresario se había hecho con un 75% del capital de la constructora.
Esas supuestas «pérdidas sobrevenidas», que no se justifican, según apunta la querella, habían provocado en Arias Infraestructuras, a juicio del accionista mayoritario, una situación de quiebra, que había llevado a la compañía a entrar en una teórica «causa de disolución» de acuerdo con la legislación mercantil.
Valoraciones de parte
Rodríguez Iglesias hizo valer su posición no solo por el control que tenía de la compañía, sino por su negativa a nombrar a un auditor independiente para valorar la sociedad, tal y como recogía el pacto de socios alcanzado inicialmente, que establecía un derecho de separación, con opción a comprar cada una de las partes los paquetes accionariales de la otra, en el caso de que uno de los socios quisiera vender.
La querella recoge también que los socios minoritarios, los Arias, impugnaron la valoración «de parte», la que recogía esa causa de disolución, que presentó entonces Rodríguez Iglesias, y que procedía de una firma auditora extranjera.
Toda esta situación introduce elementos de incertidumbre sobre la venta de Arias Infraestructuras a dos ex directivos de Isolux, Mario Barcenilla y Antonio Aranzadi. Rodríguez Iglesias, a quien Economía Digital ha requerido su versión del conflicto accionarial, sin obtener respuesta, alude para sacar adelante la operación de venta a que el 25% que hasta el año pasado estaba en manos de la familia Arias es ahora autocartera del grupo constructor.
