El Corte Inglés se juega la mitad de sus beneficios en los tribunales
Aragón, Cataluña y Asturias reclaman 120 millones de euros a El Corte Inglés por el impuesto de grandes superficies
Marta Álvarez puede presumir de contar por victorias los juicios que ha afrontado en la guerra fratricida de El Corte Inglés. La flamante presidenta de los grandes almacenes cerró durante los últimos meses distintos frentes abiertos en los tribunales, pero ahora otra batalla se avecina en su horizonte: tres comunidades autónomas plantan cara a la compañía por el Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales (IGEC).
Asturias, Aragón y Cataluña abrieron expedientes contra el gigante de la distribución, que considera ilegal el impuesto. Pero mientras recurrían, los responsables legales de la compañía aconsejaron provisionar el impacto de una sentencia desfavorable. Las estimaciones internas señalan que el golpe puede alcanzar los 119,7 millones de euros: prácticamente el equivalente a la mitad de los 258,3 millones de los beneficios cosechados en el ejercicio 2018/2019.
Las cuentas del grupo justifican la provisión por «las cuotas del IGEC en Cataluña, Asturias y Aragón». De este modo, 1,87 millones están agendados para ser liquidados en el próximo año mientras que el importe restante se estima que se pagará ya a largo plazo.
Y parece claro que deberá ser así. Las distintas instancias judiciales se fueron posicionando en contra de El Corte Inglés y a favor de las diferentes comunidades autónomas. El caso más claro es el de Asturias, donde la impugnación del tributo llegó hasta el Tribunal Supremo, que el pasado 25 de junio consideró el impuesto ajustado al derecho y tumbó todos los argumentos de la empresa.
Tras casi cinco años de recursos, el alto tribunal obligó a la sociedad a afrontar el pago por los cinco centros comerciales que posee en el Principado. Además, condenó a la compañía a hacerse cargo de las costas de todo el procedimiento.
En la sentencia, el Supremo ya lanzó un aviso al gabinete jurídico de los grandes almacenes: tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el propio tribunal «se pronunciaron en numerosas ocasiones» sobre el impuesto tanto en Asturias «como sobre tributos similares en Aragón y Cataluña».
Poco camino parecen tener los argumentos de la empresa en el resto de la geografía española. La defensa se basó en todo el procedimiento en que el impuesto iba contra la libertad de establecimiento de la UE, que podía suponer una ayuda ilegal contra los centros que no están sujetos a la tasa y que sólo el Estado puede fijar nuevos tributos.
Para empezar, este mismo mes de junio, la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón tumbó una decena recursos de la empresa por el citado IGEC, según las sentencias a las que ha tenido acceso Economía Digital. En mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya hizo lo propio con los procedimientos abiertos en su jurisdicción.
Visto el precedente asturiano, la lógica hace indicar que El Corte Inglés recurrira el texto a la Audiencia Provincial y posteriormente al Tribunal Supremo.
El impuesto es un traje a medida para los grandes centros comerciales superiores a 4.000 metros cuadrados –en el caso de Asturias– o de 2.500 metros cuadrados –en Cataluña y Aragón–. Se aprobó a principios de década en los distintos territorios con el objetivo de gravar la capacidad económica de los establecimientos que, por su efecto de atracción al consumo, provocan un desplazamiento masivo de vehículos impactando negativamente en el entorno natural.
La guerra judicial de El Corte Inglés: hasta ahora en la cúpula
Hasta el momento, la batalla en El Corte Inglés se había centrado en las distintas familias que conformal la cúpula, y siempre a favor de las hermanas Marta y Cristina Álvarez. La última vez fue el pasado 22 de julio, cuando los tribunales desestimaron una nueva demanda del entorno de Dimas Gimeno por la impugnación de la junta de accionistas de IASA de 2016.
El juzgado de lo mercantil número 7 de Madrid descartó la demanda interpuesta por María Antonia Álvarez –la madre de Gimeno— y César Álvarez, hermanos del fallecido presidente de El Corte Inglés Isidoro Álvarez. El enfrentamiento se produce en Cartera de Valores IASA, la sociedad a través de la que ambas partes vehiculan su participación del 22,1% en los grandes almacenes.
IASA fue desde el comienzo uno de los grandes focos de conflicto entre las hermanas Álvarez y Gimeno y su entorno. A mediados de marzo, el juzgado de lo mercantil número 2 de Madrid falló contra la demanda que María Antonia Álvarez había interpuesto para impugnar las cuentas de Cartera de Valores IASA de los ejercicios de 2015 y 2016 y de forma subsidiaria la condonación de un préstamo de 7 millones de euros de sus máximas accionistas.
Un segundo juez desestimó otra demanda por la modificación del deudor de un préstamo de 4,2 millones concedido por la sociedad: en lugar de figurar ellas como personas físicas tratan de que el pasivo quede en manos de la sociedad MJCM Inmobiliaria SL, controlada por ambas.
Antes, el juzgado de instrucción número 46 de Madrid sobreseyó la querella presentada por el propio Gimeno contra el exdirector de seguridad de El Corte Inglés, Juan Carlos Fernández-Cernuda; su madre, Clara María Concepción Hidago; y su socio Joaquín Domingo Martorell por presuntos delitos de corrupción y administración desleal.
