El colmo en Alu Ibérica: sus dueños pujaron por la ‘Seur argentina’ en plena crisis en A Coruña
Grupo Industrial Riesgo fue una de las cinco firmas que pujó a finales del año pasado en la subasta de OCA, empresa argentina de transporte que fue tasada en 31 millones de euros antes de su quiebra
Policía Nacional a las puertas de la factoría Alu Ibérica en A Coruña, antigua planta de Alcoa / EFE (Cabalar)
El último golpe de la Audiencia Nacional añade más gasolina al fuego de Alu Ibérica. La antigua factoría de Alcoa en A Coruña cumple mes y medio de intervención judicial y en medio de una sentencia de la Audiencia Nacional que condena a la multinacional estadounidense a indemnizar y recolocar a los trabajadores de la planta herculina por incumplir su compromiso de venderla a “un comprador serio, solvente y riguroso”.
La jueza Marta Jaureguízar asegura que ni el fondo Parter Capital (que se hizo con las riendas de las instalaciones en verano de 2019) ni Grupo Industrial Riesgo reunían las garantías suficientes para reindustrializar ni para mantener el empleo en las plantas de A Coruña y Avilés ante unas estrecheces económicas que, sin embargo, no impidieron que su último comprador acudiese a una puja millonaria en Argentina mientras se agudizaba su crisis en Alu ibérica.
Puja por una empresa tasada en 31 millones
En concreto, Grupo Industrial Riesgo pujó a finales del año pasado por una de las mayores empresas de mensajería y paquetería de Argentina. Se trata de Organización Coordinadora Argentina (OCA), que fue sacada a subasta judicial tras su quebrar.
La compañía que el año pasado compró las dos plantas de Alu Ibérica al fondo Parter Capital fue una de las cinco firmas que acudieron a esta licitación. Junto a ella también pujaron Ficsa (del Grupo Campici), Vía Cargo (filial de la firma de transporte Vía Bariloche), Inmediato S.A. y Clear. Esta última fue la única que cumplió con todos los pliegos y acabó haciéndose con el control de OCA.
Clear desembolsó 25,28 millones de dólares (el equivalente a 21,3 millones de euros al cambio actual) para hacerse con las riendas de la firma de mensajería, que había sido previamente tasada en 37 millones de dólares (unos 31,1 millones de euros al cambio actual) por sus liquidadores pese a que registraba pérdidas de casi 5 millones de euros al mes antes de su quiebra.
Asesorada por un despacho con el que comparte sede
Para articular la frustrada compra de OCA (que llegó a contar con más de 6.000 empleados antes de su liquidación), Grupo Industrial Riesgo (capitaneada por el argentino Víctor Rubén Domenech) recurrió a Ackerman & Schwartz Attorneys at Law para que le asesorase durante el proceso. Se trata de un bufete de abogados que se asentó en España en enero de 2019 y al que le unen estrechos vínculos con el Grupo Industrial Riesgo. Además de ser el asesor legal de la compañía para la compra de Alu Ibérica, Ackerman & Schwartz tiene el mismo domicilio social que Grupo Industrial Riesgo.
En concreto, ambas firmas asientan su base de operaciones en el número 52 de la Calle José Abascal de Madrid, oficinas en las que hasta el pasado mes de febrero también se erigían como la sede social de Iberian Green Aluminum Company, la sociedad a través de la cual Grupo Industrial Riesgo materializó la compra de Alu Ibérica.
En medio de un parón de actividad y un cisma laboral
Grupo Industrial Riesgo llegó a anunciar que pondría en marcha inversiones por valor de 250 millones de euros en las plantas de Alu Ibérica en A Coruña y Avilés, que, sin embargo, la jueza Marta Jaureguízar da por probado que no se ejecutaron, acentuando la crisis de una empresa cuya dinámica ya estaba marcada por la subactividad y las protestas de los trabajadores cuando Grupo Industrial Riesgo cruzaba el Atlántico para acudir a la puja por OCA.
Y es que el grupo argentino fue adjudicado a Clear a finales del pasado mes de diciembre, justo un momento en el que los sindicatos de Alu Ibérica iniciaron un calendario de movilizaciones contra el despido de una empleada de su planta de A Coruña y para exigir la intervención de la empresa. Estas protestas se saldaron con el despido del propio presidente del comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho, y otros tres trabajadores el pasado mes de febrero, solo un mes antes de que los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) irrumpiesen en los centros de Alu Ibérica en A Coruña y Avilés y en una decena de domicilios y despachos. El proceso se saldó con las detenciones de cuatro directivos de Grupo Industrial Riesgo (Víctor Rubén Domenech, Luis Losada, Alexandra Camacho y Diego Peris), que finalmente serían puestos en libertad con medidas cautelares.
