El cierre de As Pontes fuerza cambios en el plan de "transición justa"

La llamada transición ecológica es una de las prioridades del nuevo Gobierno. A ella se le dedica un ministerio y una de las cuatro vicepresidencias (con Teresa Ribera al mando) de un Ejecutivo que tiene como meta que el 100% de la electricidad que se genere en España en 2050 proceda de energías renovables. Este proceso irá acompañado de una «descarbonización» de la economía, que deja afectadas a localidades como As Pontes o Meirama y para la cual el Gobierno decidió poner en marcha la Estrategia de Transición Justa, una medida que, sin embargo, nace coja.

Y es que el borrador impulsado por el Ministerio de Transición Ecológica antes de las elecciones del 28 de abril contempla ayudas económicas y una batería de medidas para los cierres de las térmicas de Andorra y Compostilla (ambas propiedad de Endesa), así como de las de Narcea, La Robla y Meirama (controladas por Naturgy). Pero de este listado de instalaciones con cierres previstos no figuran, entre otras, dos de las mayores centrales térmicas de España: la de Litoral (Almería) o As Pontes, que suman más de 2.600 megavatios de potencia y casi 300 empleados en plantilla.

Endesa prevé cerrar en el plazo de año y medio a no ser que el plan b (pasar a alimentarla con biocombustibles en lugar de carbón) prospere, lo que obligará al Gobierno a mover ficha y rehacer una parte significativa de este documento que ya superó el plazo de presentación de alegaciones.

La batería de medidas del Gobierno

La Estrategia de Transición Justa contempla una serie de ayudas económicas para aquellas comarcas no solo afectadas por el cierre de térmicas o nucleares, sino también en sectores obligados a reinventarse como es el caso de la automoción en plena irrupción de los vehículos eléctricos.

Para todos estos sectores y comarcas afectadas, el Gobierno contemplaba en su Estrategia de Transición Justa la puesta en marcha de los llamados Convenios de Transición urgentes, con 130 millones en líneas de ayudas para el marco 2019-2021. Estas medidas, cuya dotación presupuestaria se ampliará, de manera previsible, ante los nuevos cierres de térmicas anunciados, se canalizarán mediante subvenciones a empresas y proyectos de investigación, instrumentos de capital riesgo o avales para emprendimientos.

Otra de las medidas contempladas en esta estrategia elaborada por el Gobierno es la agilización del reparto de las subvenciones por valor de 134 millones de euros para las comarcas mineras, cuyas ayudas podrán ser reconocidas hasta de diciembre de 2023.

Además, el documento avanzado por el Gobierno, también prevé lanzar impulsar los planes de formación profesional para los trabajadores afectados por estos cierres así como la creación de un «equipo país» de la Plataforma Europea de Regiones Mineras en Transición. El objetivo, según el Ejecutivo (que en noviembre activó 7 millones en ayudas a Meirama, As Pontes y otros 13 municipios afectados por el cierre de térmicas) es «presentar actividades conjuntas que faciliten un mejor acceso a fondos europeos para proyectos estratégicos».