El AVE llega a Galicia con récord de demandas por sobrecostes de las grandes constructoras
Adif Alta Velocidad acumula 794 millones en reclamaciones por sobrecostes de las constructoras del AVE, algunas de ellas sancionadas por formar cartel y repartirse los contratos
El AVE llegará a Galicia en diciembre tras casi dos décadas de obras e innumerables cambios de fecha. Aquel 2010 que prometió el Gobierno de José María Aznar se incumplirá con once años de retraso una vez se estrene la conexión de Ourense con Madrid por alta velocidad. La Xunta, tras pasarse varios meses cuestionando que los plazos fueran reales, ha cambiado el chip y ha advertido, con razón, que será un AVE incompleto mientras no se vertebre con el resto de ciudades, que aún tardarán en tener tiempos competitivos en los viajes ferroviarios al quedar abocadas al trasbordo.
Pese a ello, la puesta de largo del tramo entre Pedralba y Ourense, es decir, la conexión con Zamora, marcará una fecha histórica, 30 años después de la inauguración de la alta velocidad en España con la línea Madrid-Sevilla. El hito coge al encargado de desarrollar la infraestructura, Adif Alta Velocidad, con un récord de reclamaciones de las grandes constructoras por revisiones de precios y sobrecostes derivados del retraso en las obras. Y con estos mismos grupos reclamantes, al menos buena parte de ellos, sancionados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por amañar concursos del gestor de infraestructuras.
Ni una cosa ni la otra ha sido solo por el AVE a Galicia, pero las interminables obras contribuyeron decisivamente a engordar las reclamaciones y tramos de la línea de alta velocidad acabaron en las resoluciones sancionadoras del superregulador.
Las reclamaciones de las constructoras
Las últimas cuentas de Adif Alta Velocidad ponen cifras sobre la mesa. La empresa pública tenía a cierre de 2020, un ejercicio marcado por la crisis sanitaria del Covid, 794 millones en provisiones para hacer frente a “reclamaciones por diferencias en mediciones y en la determinación de las revisiones de precios, así como por posibles sobrecostes provocados por paralizaciones y ampliaciones del plazo de ejecución de las obras”. Son 130 millones más que el año anterior y la cifra más elevada de, cuando menos, los últimos cinco años.
Normalmente, estas provisiones se corresponden con procedimientos en fase judicial por la vía del contencioso, lo que no excluye que existan otras reclamaciones directas a Adif por vía administrativa. Los litigios dilatan de manera importante los procedimientos y hacen que todavía coleen por los tribunales demandas de la etapa de Gonzalo Ferré al frente de la empresa pública y Ana Pastor en el Ministerio de Fomento, con el atasco en las obras del AVE en el acceso a Galicia y las posteriores reclamaciones de las contratistas.
A estos 794 millones en demandas por sobrecostes en la red española del AVE, Adif Alta Velocidad sumaba otros 100 millones por discrepancias en las expropiaciones de terrenos para desplegar la infraestructura.
De Florentino Pérez a Siemens: reparto de contratos en el AVE
Una parte de esas constructoras que litigan con Adif y que se llevaron grandes contratos del AVE a Galicia, también fueron sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por formar cartel y repartirse concursos de la empresa pública en toda España. La entidad que preside Cani Fernández impulsó dos grandes expedientes. En octubre de este año hizo pública una sanción de 127,8 millones a empresas de seguridad, señalización y comunicaciones de la red ferroviaria, incluyendo AVE, media distancia y cercanías. En 2019 multó a 15 empresas con 118 millones por repartirse los concursos de sistemas de electrificación y electromecánica.
Entre los sancionados está la ACS de Florentino Pérez (con más de 73 millones entre Cobra y Semi), Alstom, Elecnor, Siemens, Thales o Isolux, por citar a algunos de los grandes contratistas del AVE.
Los supuestos amaños también salpicaron a la alta velocidad gallega. Competencia consideró probado que Cobra, Elecnor y Semi se repartieron la construcción y el mantenimiento de la línea aérea de contacto del eje Ourense-Santiago del Corredor Noroeste de Alta Velocidad, un contrato de 50 millones. Alstom e Indra, por su parte, se habrían repartido cuatro contratos para el mantenimiento de los túneles de la línea Ourense-Santiago, según la CNMC.
El superregulador consideró también acreditado que Thales y Siemens se repartieron los contratos de sistemas de seguridad y telecomunicaciones de los tramos Olmedo-Ourense y Ourense Santiago; lo mismo que habrían hecho Alstom, CAF y Siemens con la instalación del sistema de seguridad ERMTS en la línea Vigo-Santiago, en coordinación en este caso con Bombardier y Thales.