El atasco en EiDF: solo uno de cada 200 accionistas minoritarios ha podido vender

EiDF se hunde en bolsa tras su regreso al parqué cuatro meses y medio después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dictase la suspensión de su cotización. Las acciones de la compañía gallega especializada en instalaciones de autoconsumo se desplomaron un 70% en su primera sesión desde que el pasado 14 de abril aflorase la negativa de PwC a firmar sus cuentas anuales de 2022.

De esta forma, los títulos de EiDF han retrocedido desde los 29,76 euros a los que cotizaba el 13 de abril (jornada previa a su suspensión bursátil) hasta los 8,93 euros registrados este lunes. Durante esta sesión de su regreso a bolsa, ninguna de las órdenes de venta casó con las de compra hasta la subasta de final de sesión.

Así se reparte su accionariado

Fue ahí donde finalmente se consumó el retroceso del 70% tras el intercambio de un total de 34.827 acciones. Este número representa un 0,06% respecto a los 57,85 millones de títulos en los que se reparte el capital de EiDF Solar y un 0,44% de aquellas que se encuentran en negociación en el mercado.

Y es que EiDF tiene un free float del 13,6% toda vez que un total de 49,98 millones de acciones permanecen fuera de bolsa. Se trata de las 41,74 millones (72,15%) que controla su consejero delegado, Fernando Romero, a través de Prosol Energía; las 4,4 millones (7,61%) en posesión de Alejandro Alorda (vicepresidente de la empresa de muebles Kettal) a través de Mass Investments Ark 2021; y las 3,84 millones de acciones (6,63%) que maneja Julio Sergio Palmero Dutoit a través de Memento Gestión.

Esta sociedad desembarcó en el accionariado de EiDF como parte de su acuerdo para la venta de la comercializadora ODF, por la cual la firma gallega abonó unos 28,9 millones de euros. Según revela EiDF en su memoria del ejercicio 2022, seis millones de euros se abonaron en efectivo «y 17,7 millones se liquidaron a través de una ampliación de capital y entrega de acciones propias».

Según se desprende de los registros del MAB, ningún accionista significativo de EiDF se desprendió de títulos de la compañía durante la jornada del lunes. Las únicas operaciones de este tipo fueron las efectuadas por minoritarios, que se desprendieron de 1 de cada 227 acciones en su posesión.

Los accionistas minoritarios de EiDF tendrán una nueva oportunidad para vender este martes. La compañía ha vuelto al ruedo tanto en el mercado de renta variable como en el de renta fija pese a su cruce de reproches con la CNMV. Y es que el regulador bursátil tachó de «incompleta» la información aportada por EiDF hace dos semanas.

Guerra entre EiDF y la CNMV

A su juicio, la documentación tiene «omisiones muy importantes», una postura contra la que se rebeló EiDF. Según la empresa, el regulador ha cambiado de parecer respecto a su postura inicial para que «en lugar de un resumen del forensic, se interese -una vez auditadas y publicadas las cuentas del ejercicio 2022, única razón en la que se basó la suspensión de la cotización de los títulos de EiDF, decretada en el ya lejano 14 de abril-, una reproducción literal de pasajes que el supervisor ha seleccionado previamente -a su criterio- o de la totalidad del resumen ejecutivo del forensic en cuestión, lo que supone una “imposición” de lo que ha de publicarse, sin margen de libertad alguno para la compañía».

La CNMV también alertaba, basándose en el forensic de Deloitte, de un supuesto «falseamiento de documentos» y facturas por trabajos no realizados, que se sumarían a las debilidades en el control interno y en la disciplina contable.

«El informe forensic ha identificado documentación que no reflejaría fielmente la realidad, bien sea porque la sociedad podría haber falsificado o modificado dicha documentación o por otras causas (en algunos casos, según la información recibida por EiDF), por errores humanos», revelaba la CNMV. En este sentido, la institución que preside Rodrigo Buenaventura también ponía de relieve la existencia «facturas y pagos por servicios que podrían no haberse prestado o no estar justificados».

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En paralelo, la CNMV hacía referencia a «situaciones en las cuales el importe facturado de la obra no se corresponde con el coste incurrido a la fecha de facturación, provocando así un desajuste en el grado de avance real de la obra y los mayores ingresos reconocidos por ésta». «Hay obras en las que a pesar de que se produce facturación, los costes registrados carecen de razonabilidad económica y operativa, por lo que el ingreso registrado por el grado de avance no reflejaría la realidad de la obra», subrayaba la CNMV.