El ‘annus horribilis’ de Castro Sousa (Hesperia): rescate, pérdidas millonarias y líos con sus caseros

La crisis del Covid-19 golpea de lleno a Hesperia. La cadena hotelera que preside José Antonio Castro Sousa suma ya casi un año a la espera de que el Gobierno se posicione sobre su petición de una línea de ayudas por valor de 55 millones de euros a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para hacer frente a las pérdidas ocasionadas por la pandemia.

Y es que las restricciones como consecuencia de la crisis del coronavirus han dado la vuelta a su cuenta de resultados, que ha pasado de arrojar un beneficio de 15,5 millones de euros en 2019 a, por el contrario, reflejar pérdidas por valor de 48,3 millones de euros en 2020 (último dato disponible).

La firma, que tiene casi un total de 28 hoteles en cartera y que gestiona 4.500 habitaciones a través de una plantilla de 1.550 trabajadores, se ha visto obligada a acudir a la ventanilla de la SEPI tras no soportar el golpe del Covid-19 a su facturación. En concreto, esta se desplomó desde los 137 millones de euros alcanzados en 2019 hasta los 30,3 millones en el año del Covid-19.

Frentes judiciales en A Coruña y Barcelona

Esta pérdida de negocio ha llevado, además, a que Hesperia mantenga abiertos diferentes frentes judiciales contra varios de sus caseros tanto por el impago de rentas y sus consiguientes órdenes de desahucio como por sus tentativas para renegociar alquileres. Una de estas guerras en los tribunales tuvo lugar precisamente con su casero en A Coruña. El Juzgado de Primera Instancia número 13 de A Coruña ordenó la paralización del desalojo de Hotelera del Noroeste (filial de Hesperia) del establecimiento que la sociedad El Pote SA le arrendó para operar en la calle herculina de Juan Flórez.

La titular del juzgado afirmaba en su diligencia “no se puede activar dicho proceso sin tener sentencia firme y sin haber dado opción a recurso”. La compañía celebró esta decisión y recalcó que todavía se encontraba pendiente de la resolución sobre las medidas cautelares en la demanda de reequilibrio de rentas que presentó para fijar una nueva renta acorde al nuevo escenario provocado por la pandemia.

Pero si Hesperia lograba salir vencedora (de momento) en el procedimiento judicial por su hotel gallego, menos suerte ha corrido en Barcelona, en donde ha recibido una de cal y una de arena. La sección primera de la Audiencia Provincial de Barcelona ha desestimado el recurso que Hesperia presentó para evitar que Exia, su casero en el Hotel Hesperia Presidente de Barcelona, ejecutase los pagarés entregados para el pago de la renta del inmueble que opera a través de su filial Desjust.

La jueza considera que la «adopción de las medidas interesadas supondría que fuera la arrendadora quien asumiera
totalmente las consecuencias de la situación generada, sin que la misma influyera a la arrendataria y su garante, lo que en cualquier caso resulta desproporcionado, siendo la arrendataria la que mantiene la posesión del inmueble». Es por este motivo por el que se desestima el recurso que Hesperia puso en marcha mediante un procedimiento que ha ido paralelo al emprendido para el «reequilibro contractual» y la renegociación del alquiler.

En la otra cara de la moneda, Hesperia sí ha logrado que la Audiencia Provincial de Barcelona (en este caso, la sección cuarta) estime su recurso de apelación para que se le reconozca la cautelar que impide su desahucio del Hotel Hesperia del Mar, ubicado en Barcelona.

Hotel Colibrí, filial de Grupo Inversión Hesperia, alegaba pérdidas de 100.000 euros mensuales como consecuencia del cierre y las restricciones de este hotel que desde 2020 es propiedad de Meridia Capital, la firma capitaneada por el ex vicepresidente del Fútbol Club Barcelona, Javier Faus.

Del ERTE al ICO

El golpe del Covid-19 ha llevado al grupo que capitanea el gallego José Antonio Castro Sousa a buscar la renegociación de alquileres; a multiplicar casi por seis sus despidos (pasó de 43 en 2019 a 268 en 2020); y a aplicar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para 1.013 empleados.

«El impacto sufrido por el cierre obligado de establecimientos hace que las presentes cuentas anuales presenten unos niveles de ventas y pérdidas no comparables con ningún ejercicio precedente», explica la firma en su informe de gestión, en el que también reconoce que presentó solicitudes para obtener líneas de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO).